El 600º aniversario, un hito no sólo para reconocer al pueblo gitano, sino para reivindicar la lucha contra el antigitanismo
En 2025 hemos vivido un año especialmente significativo para situar la lucha contra la discriminación y el antigitanismo en el centro de la agenda pública. La conmemoración de los 600 años de la presencia del pueblo gitano en España nos ha ofrecido una oportunidad única para visibilizar tanto la aportación histórica y cultural del pueblo gitano como la persistencia de discriminación, estereotipos y prejuicios que siguen condicionando la igualdad real en el ejercicio de derechos por parte de las personas gitanas.
Este contexto ha marcado de manera decisiva nuestro trabajo, reforzando una línea de actuación que venimos desarrollando desde hace años: combinar la atención directa a las víctimas con la incidencia política, la sensibilización social y la defensa jurídica de los derechos. Un enfoque integral que busca no solo reparar situaciones de discriminación, sino también prevenirlas y transformar las estructuras que las generan.
En este marco, uno de los avances más relevantes ha sido la consolidación del Programa Igual Trato, una apuesta estratégica para fortalecer la defensa de derechos de las personas gitanas. La puesta en marcha de un equipo estatal de juristas gitanos y gitanas ha supuesto un salto cualitativo en nuestra capacidad de intervención, permitiendo una mayor proximidad con las víctimas, una mejor detección de casos y una respuesta más especializada. Este modelo, pionero en Europa, se ha ido asentando a lo largo del año mediante el trabajo coordinado en los territorios y la formación continua de un equipo cada vez más especializado.
Los datos reflejan con claridad tanto el avance como la dimensión del desafío: hemos registrado más de quinientos casos de discriminación y acompañado a cerca de quinientas víctimas gitanas en el ejercicio de sus derechos. Estas cifras no son solo indicadores de actividad, sino también una evidencia de que la discriminación sigue formando parte de la vida cotidiana de muchas personas gitanas. Como ya mostraban los informes de años anteriores —con cerca de 400 casos documentados en 2024—, el antigitanismo continúa siendo una realidad estructural que requiere respuestas sostenidas en el tiempo.
La defensa jurídica de los derechos ha seguido siendo un eje fundamental de nuestro trabajo. El litigio estratégico nos permite ir más allá de la resolución individual de los casos para generar cambios estructurales, sentar precedentes y contribuir a una interpretación más garantista de los derechos fundamentales. En 2025 hemos impulsado y acompañado diversos procesos judiciales que abordan situaciones de discriminación y discursos de odio, consolidando una línea de trabajo que en los últimos años se ha demostrado especialmente eficaz. En efecto, la FSG ha seguido siendo una entidad referente en el uso de esta metodología de trabajo a nivel estatal, y por ello hemos continuado nuestra actividad de difusión del litigio estratégico como herramienta de defensa de derechos humanos junto con Cáritas Española.
Al mismo tiempo, hemos continuado reforzando los servicios de asistencia a víctimas, tanto a través del Servicio estatal coordinado desde el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica como del servicio específico en Navarra. Estos dispositivos constituyen una red esencial para garantizar el acceso a la información, el asesoramiento y el acompañamiento, especialmente en contextos en los que persiste una cierta desconfianza hacia las instituciones, tal como ya se señalaba en informes anteriores.
La incidencia política ha sido otro de los pilares de nuestra actuación. A pesar de contar con un marco normativo más avanzado, como la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, y, si bien celebramos el nombramiento de la Presidenta de la Autoridad Independiente, seguimos constatando dificultades en la aplicación efectiva de la legislación antidiscriminatoria. Por otro lado, la firma del convenio con el Consejo General del Poder Judicial ha supuesto, en este sentido, un paso importante para mejorar el acceso a la justicia y la formación de los operadores jurídicos.
Junto a esta dimensión institucional, hemos seguido trabajando para comprender y abordar los factores sociales que están detrás de la discriminación. La publicación del barómetro sobre la imagen social del pueblo gitano ha puesto de relieve una realidad preocupante: el antigitanismo sigue profundamente arraigado en la sociedad española, alimentado por el desconocimiento, la persistencia de estereotipos y la escasa interacción social. Combatir estas percepciones es un reto de primer orden, que exige combinar información rigurosa, sensibilización y espacios de encuentro.
El contexto actual plantea además nuevos desafíos que requieren una atención específica. La expansión de los discursos de odio en entornos digitales, así como el impacto potencial de las tecnologías y los sistemas de inteligencia artificial en los derechos fundamentales, nos obliga a ampliar nuestras líneas de trabajo y a reforzar la cooperación a nivel europeo. Nuestra participación en redes internacionales y en espacios de análisis y seguimiento de estos fenómenos nos permite contribuir a una respuesta más coordinada y eficaz.
El balance de 2025 muestra avances significativos, pero también confirma que la igualdad de trato sigue siendo un objetivo en construcción. La discriminación no desaparece únicamente con normas o declaraciones de intenciones; requiere una acción continuada, compromiso institucional y una transformación profunda de las actitudes sociales.
