27 de Julio de 2021
FSG Internacional
El informe anual sobre derechos fundamentales de la Agencia por los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), de momento disponible solamente en inglés, repasa los principales desarrollos del año 2020: la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; igualdad y no discriminación; racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia; igualdad e inclusión de las personas gitanas; asilo, fronteras y migración; sociedad de la información, privacidad y protección de datos; derechos de la infancia; acceso a la justicia; y la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades.
En este año, el informe dedica su capítulo principal a una revisión sobre cómo la pandemia de la Covid-19 ha afectado a los Derechos Humanos durante 2020. La crisis sanitaria ha supuesto un duro golpe para toda la sociedad, pero ha afectado especialmente a las personas más vulnerables, entre las que se encuentra la población gitana. En la sección sobre educación de este capítulo, se hace mención explícita a los resultados de la encuesta de la Fundación Secretariado Gitano de abril de 2020 en el que se entrevistó a 11.000 personas gitanas en España para conocer cómo sus vidas se estaban viendo impactadas por la crisis sanitaria.
En el capítulo específico sobre igualdad e inclusión de las personas gitanas en Europa, el informe se centra en el antigitanismo, la educación (con particular foco en la educación inclusiva y en el gap tecnológico), la vivienda y la salud. Como parte de este apartado del informe, se pueden encontrar una serie de recomendaciones de la FRA sobre estas cuestiones y el papel de los Estados miembros al diseñar las estrategias nacionales a raíz del Marco Estratégico 2020-2030 para la igualdad, la inclusión y la participación de la población gitana:
El informe recopila información sobre los 27 Estados miembros de la Unión Europea y también sobre la República de Serbia y la República de Macedonia del Norte.
La FRA es una agencia europea, que proporciona a los organismos responsables de la toma de decisiones nacionales y de la UE asesoramiento independiente, contribuyendo así a que la creación de debates, políticas y legislación en materia de derechos fundamentales sea mejor informada y más específica.
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