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Discriminación y Comunidad gitana 2017
Miquel Á. Fernández García
Coordinador del Área de Movimientos Sociales y Diversidad del PSOE
1.
¿Qué debilidades o lagunas percibe en el marco ac-
tual de lucha contra la discriminación en España?.
Deben incorporarse, correctamente, a nuestro ordena-
miento jurídico algunas garantías jurisdiccionales exi-
gidas por la normativa comunitaria y en especial los
mecanismos de inversión de la carga de la prueba y la
ampliación de la legitimidad para la defensa del derecho
a la igualdad de trato y la no discriminación. Asimismo,
sería muy positiva la implantación, de manera genera-
lizada, de fiscalías especiales en la persecución de los
delitos relacionados, con la discriminación, la intolerancia
y el odio. Además, un aspecto fundamental para avanzar
en la igualdad desde la diversidad y la no discriminación
es la apuesta por una Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos.
Pero, además, no debemos quedarnos solo en las más
que necesarias reformas legales, sino que deben poner-
se en marcha instrumento de acción político-adminis-
trativa. Sería necesario aprobar un plan de acción contra
la discriminación que afronte el fenómeno de manera
integral, tanto desde el punto de vista de los motivos
de discriminación, como de los ámbitos en los que se
produce, coordinando las actuaciones de las distintas
administraciones públicas y reforzando instrumentos
como la formación de empleados públicos, operadores
jurídicos y sociales, así como la mejora en el cono-
cimiento acerca de la discriminación produciendo de
manera periódica estudios que permitan analizar la evo-
lución y sus nuevas manifestaciones.
2. ¿Cuál es la posición de su partido respecto a una
posible aprobación de una Ley Integral de Igualdad
de Trato y No Discriminación?
Hemos sido el partido que presentó el pasado 1 de mar-
zo la proposición de ley de Igualdad de Trato y No Dis-
criminación en el Congreso, una iniciativa legislativa que
fue aprobada como proyecto de ley por el Gobierno del
Presidente Zapatero y que no pudo finalizar su trámite
de aprobación parlamentaria en el año 2011. En el año
2012 desde la oposición presentamos de nuevo esta
iniciativa que no entró a consideración de la Cámara al
contar con el voto en contra de la entonces mayoría
absoluta del grupo popular. Creemos que actualmente
hay una mayoría parlamentaria a favor de la aprobación
de una ley de Igualdad de Trato y No Discriminación
además de una mayor demanda social sobre la necesi-
dad de una legislación antidiscriminatoria. Por tanto es-
peramos que todos los grupos parlamentarios voten a
favor de su tramitación parlamentaria. Nuestra intención
es además trabajar con las distintas organizaciones que
participaron activamente en su redacción para recibir
e incorporar sus propuestas de mejoras al texto de la
proposición de ley presentada este año.
3. ¿Cuál sería el valor añadido de esa Ley Integral y las
medidas imprescindibles para abordar las mejoras
necesarias respecto al sistema actual?
El valor de esta ley integral es que establece un marco
general para la lucha contra todas las manifestaciones
de la discriminación, avanzando sustancialmente en la
prevención de la discriminación y en la protección a
las personas que sufren discriminación para todos los
motivos y en todos los ámbitos así como la creación
de la Fiscalía especializada como existen ya para otros
ámbitos.
El texto aborda un reconocimiento legal de la obligación
de establecer medidas de acción positiva; la creación
de un organismo para la defensa de la igualdad de trato;
la previsión de infracciones y de sanciones efectivas,
disuasorias y proporcionadas. Otros aspectos esencia-
les son la regulación de la inversión de la carga de la
prueba; el reconocimiento de legitimación de organiza-
ciones en procesos judiciales y procedimientos admi-
nistrativos o el resarcimiento a las víctimas mediante
indemnizaciones.
Además se trata de una norma que incluye algunos as-
pectos exigidos por la Unión Europea sobre todo, en
relación con la previsión de un organismo de asistencia a
víctimas, que nos debe situar de nuevo en la vanguardia
de las políticas de lucha contra la discriminación, ade-
más de un aspecto para nosotros esencial como es la
incorporación a nuestro ordenamiento de la Autoridad
contra la discriminación, tal y como está definida en el
derecho de la Unión Europea: con competencia en to-
dos los campos y por todos los motivos de discrimina-
ción y que debe ser autónoma y eficaz.