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Buenas prácticas, avances, jurisprudencia
Primer Congreso nacional sobre
discriminación y delitos de odio
Los días 24 y 25 de noviembre de 2016, por iniciativa
de los Colegios de Abogados de Córdoba y Madrid, la
Fundación General de la Abogacía y la Federación Na-
cional de Asociaciones de Mujeres Gitanas “KAMIRA”, se
organizó en Córdoba el I Congreso Nacional sobre Dis-
criminación y delitos de odio. Este primer Congreso, en
el que participó la FSG, ha reunido a profesionales que,
desde los distintos ámbitos de actuación en la materia,
analizaron las posibles situaciones de discriminación y
profundizaron sobre los avances producidos y sobre las
necesidades y carencias que aún quedan por resolver.
Así intervinieron magistrados/as, fiscales y abogados/
as, miembros de ONGs dedicadas a luchar contra la
discriminación y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, aspectos todos ellos complementarios en la
necesidad común de trabajar contra la discriminación y
los delitos de odio. El contenido del Congreso abarcó
tres ámbitos claramente diferenciados:
•
Ámbito jurídico: con la realidad jurídica de las
víctimas, el examen de los tipos penales, la difi-
cultad probatoria del delito, la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la dis-
criminación en los ámbitos laboral y contencioso.
•
Ámbito social: con la discriminación en redes so-
ciales y el papel de las ONGs en la lucha contra la
discriminación.
•
Ámbito de la seguridad: con las recientes actuacio-
nes del Ministerio del Interior en Protocolos de Ac-
tuación y Registro y examen de datos estadísticos.
Completaron el contenido del Congreso la celebración de
una serie de Mesas paralelas que trabajaron en las materias
de la organización y funcionamiento del Turno de oficio
específico sobre discriminación y delitos de odio, los ser-
vicios de atención a las víctimas, la identificación del perfil
racial y la discriminación en el ámbito escolar.
Las conclusiones fueron las siguientes:
1.
Más y mejor formación para policías, jueces, ma-
gistrados, fiscales, secretarios judiciales, resto del
personal de la oficina judicial y abogados/as. La for-
mación habrá de ser obligatoria.
2.
Incremento de la coordinación institucional y de las
relaciones con la sociedad y el tejido asociativo.
Coordinación institucional para una eficaz investiga-
ción de los delitos de odio y discriminación, siendo
fundamental esta coordinación entre los diferentes
Cuerpos Policiales y los Servicios de Delitos de Odio
y Discriminación, así como entre los/as jueces/as de
Instrucción y la Fiscalía especializada en cada Pro-
vincia.
3.
Protocolos. En la misma línea que los cuerpos poli-
ciales estatales o el cuerpo de Mossos d’Esquadra,
aprobación en el ámbito de las Policías Locales de
protocolos específicos para las primeras diligencias
policiales de prevención y aseguramiento del delito
o detención de los autores y atención a las víctimas
de delitos de odio.
4.
Asesoramiento legal a las víctimas de delitos de
odio y discriminación mediante el establecimiento
de turnos de oficio especializados en los colegios
de abogados.
5.
Estadísticas en la administración de justicia: necesi-
dad de abordar de manera urgente la modificación
del registro informático de Fiscalías, Juzgados y Tri-
bunales de forma que permita recoger las infraccio-
nes penales motivadas por odio y discriminación y
conocer la cifra de investigaciones, procedimientos
tramitados, escritos de acusación y sentencias dic-
tadas en este ámbito
6.
Reformas legislativas. Nuevos instrumentos normati-
vos contra la discriminación. Ley Integral frente a los
Delitos de Odio, reclamada desde algunos actores
sociales que atienden a las víctimas, con el propósito
de ofrecer un instrumento jurídico que afronte con
garantía la defensa de las víctima. Instrumento que
garantice una asistencia integral, jurídica, humanitaria
y medidas de protección, información y de recupe-
ración, que impulse las medidas de sensibilización,
prevención y detección, en todos los ámbitos, en
especial en internet, ámbito educativo medios de
comunicación, que afronte el grave problema de
la falta de denuncias y potencie la coordinación y
formación de todas las instancias implicadas en el
proceso (fuerzas de seguridad, fiscales y jueces/
as, magistrados/as, fiscales/as, sociólogos/as, ONG,
sociedad civil, etc.). Como complemento de la ante-
rior consideran
necesaria además una Ley general de
igualdad de trato y no discriminación a los efectos
de garantizar una adecuada protección del principio
de Igualdad y de luchar contra la Discriminación y
que incorpore los compromisos internacionales asu-
midos por España