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Discriminación y Comunidad gitana 2017

Plan de Derechos Humanos

del Ayuntamiento de Madrid

Madrid se ha convertido en ser la primera ciudad en

España en contar con un Plan Estratégico de Derechos

Humanos, que establece las líneas de acción a seguir

para garantizar el cumplimiento de todas las obligacio-

nes municipales dentro del respeto y la promoción de

los derechos humanos. Para ello, el principal objetivo

de este Plan es transversalizar un enfoque basado en

derechos humanos, género e interseccionalidad. Se tra-

ta de un marco conceptual innovador desarrollado por

Naciones Unidas que coloca los derechos humanos y la

equidad de género como fundamento, objetivo e ins-

trumento de las políticas públicas.

Tras un largo proceso de elaboración, abierto y partici-

pativo que ha durado un año, en el que el Ayuntamiento

de Madrid

ha contado con las aportaciones de numero-

sas ONGs, entre ellas la Fundación Secretariado Gitano

,

y personas especialistas en derechos humanos, la Junta

de Gobierno aprobó el Plan el día 16 de febrero de 2017,

con una vigencia de tres años, hasta diciembre de 2019.

El Plan contempla numerosas medidas donde se tienen

en cuenta las necesidades de las minorías étnicas.

Entre

estas medidas, cabe destacar las siguientes, donde se

menciona de forma explícita a la comunidad gitana:

Incluir en las políticas municipales sobre la historia de

la ciudad, el reconocimiento a las aportaciones de

las mujeres y de personas pertenecientes a colec-

tivos discriminados (personas musulmanas, judías,

gitanas

, afrodescendientes, población migrante, etc.).

Las políticas municipales se enfrentan en el ámbi-

to del

derecho a la educación

a tres retos funda-

mentales: prevenir la expulsión del sistema edu-

cativo de la población en situación de exclusión

social (principalmente, niños, niñas y adolescen-

tes, pero también personas adultas) o pertene-

cientes a colectivos discriminados (pueblo gita-

no, minorías, población migrante, etc.); garantizar

el derecho a la educación en el tramo 0-3 años;

y promover, en el marco de sus competencias, la

educación en derechos humanos en los espacios

de la educación formal e informal.

Adopción de medidas específicas para favorecer

el acceso de personas pertenecientes a minorías

étnicas (pueblo gitano, afrodescendientes, nacio-

nalizados, etc.)

al empleo municipal

y favorecer su

presencia en las entidades de gestión indirecta, a

través de criterios valorativos en los pliegos de

licitación, entre otras medidas.

Incorporación del

enfoque Derechos Humanos,

Género e Interseccionalidad en la implementación

de la Estrategia de “Fomento de la igualdad y no

discriminación de la población gitana”

prevista en

el Plan de Acción de Gobierno 2015-2019.

Impulso de programas de prevención de la exclu-

sión social y de prevención y control del absen-

tismo escolar que, junto a otras administraciones,

aseguren la inclusión educativa, la continuidad

formativa y la

prevención del abandono escolar

de la población infantil y juvenil, particularmente

de ciertos colectivos (población gitana

, afrodes-

cendientes, población migrante y refugiada, soli-

citantes de asilo, menores no acompañados, en

riesgo de exclusión), y en los distritos con mayo-

res tasas de absentismo escolar.

Además de estas medidas, el documento contempla 22

metas en la protección y promoción de derechos huma-

nos, reunidos en cinco secciones diferenciadas. De esta

manera, el Ayuntamiento de Madrid se compromete a

hacer efectiva, a través de más de 300 líneas de actua-

ción, la protección de los derechos humanos de la ciuda-

danía madrileña en el ámbito de sus competencias. Cada

una de esas metas se desgranan, de forma concreta y

específica, en diversos objetivos estratégicos que van

a reforzar la actuación municipal frente a sus principales

desafíos desde la perspectiva de derechos humanos.

Dentro de la primera sección del plan, cuyo obje-

to es avanzar hacia una ciudad que contribuya a ga-

rantizar los derechos civiles y políticos, se recoge la

necesidad de considerar a la ciudadanía como titu-

lar de derechos (y no solo como beneficiaria de po-

líticas municipales), frente a la cual el Ayuntamiento

debe rendir cuentas. Para ello se fomentará la partici-

pación directa en las políticas municipales y se me-

jorará el acceso a la información pública a través de

una estrategia de transparencia y gobierno abierto.