Informe Discriminación 2016

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Discriminación y Comunidad gitana 2016
Real Decreto sobre la Ley del Estatuto
de la Víctima del Delito
En abril de 2015 se aprobó la Ley 4/2015, de 27 de abril,
del Estatuto de la víctima del delito, mediante la que se
transpone la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, por la
que se establecen normas mínimas sobre los derechos,
el apoyo y la protección de las víctimas de delitos.
Esta ley supone un paso importante ya que es la pri-
mera norma que reconoce a las víctimas de delitos
de odio, incluyendo a quienes sufren agresiones o
violencia por su condición étnica, como es el caso de
muchas personas gitanas en nuestro país.
El 11 de diciembre de 2015 (BOE de 30 de diciembre
de 2016) se aprobó el Real Decreto que desarrolla al-
gunas de las previsiones recogidas en el citado Esta-
tuto, en aras a garantizar la efectividad de los dere-
chos que en él se recogen, así como una regulación
de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
Este Real Decreto desarrolla en primer lugar las pre-
visiones del Estatuto de la víctima del delito para
garantizar el reconocimiento y la protección por los
poderes públicos de los derechos que las víctimas
tienen reconocidos, con un alcance general.
A tal fin, se insta a las Administraciones Públicas a
aprobar y fomentar el desarrollo de protocolos de
actuación y de procedimientos de coordinación y
colaboración, en los que también tendrán participa-
ción las asociaciones y colectivos de protección de
las víctimas.
Se establece que la decisión policial de no facilitar
interpretación o traducción de las actuaciones a la
víctima será siempre motivada, debiendo quedar de-
bida constancia de la misma y de su motivación en
el atestado.
Se reitera que el acceso por parte de las víctimas a
los servicios de asistencia y apoyo facilitados por las
Administraciones Públicas y por las Oficinas de Asis-
tencia a las Víctimas será siempre gratuito y confi-
dencial. Y se establece la posibilidad de que las Ad-
ministraciones Públicas y las Oficinas de Asistencia a
las Víctimas hagan extensivo el derecho de acceso
a los servicios de asistencia y apoyo a los familiares,
aunque no tengan la consideración de víctimas, cuan-
do se trate de delitos que hayan causado perjuicios
de especial gravedad.
Se crea el Consejo Asesor de Asistencia a las Vícti-
mas, con carácter de órgano consultivo con amplia
representación. Este Consejo Asesor tendrá distintas
funciones para velar por el respeto de los derechos
de las víctimas y el buen funcionamiento del sistema
de asistencia. Con el asesoramiento de este Consejo,
el Ministerio de Justicia podrá llevar a cabo la evalua-
ción periódica del sistema de asistencia a las vícti-
mas, y proponer, a través del Consejo de Ministros,
las medidas y reformas que sean necesarias para la
mejor protección de las víctimas.
Queremos señalar que el Real Decreto estipula que
se valorarán especialmente las necesidades de pro-
tección de las víctimas en los delitos cometidos por
motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la
ideología, religión o creencias, situación familiar, la
pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o na-
ción, su origen nacional, su sexo, orientación o identi-
dad sexual, por razones de género, de enfermedad o
discapacidad (capítulo IV, artículo 30,3.b.7).
Esto es algo especialmente relevante a la hora de
proteger adecuadamente a las personas gitanas que
son víctimas de estos delitos motivados por antigi-
tanismo y romafobia.