Sin aplicación no hay derechos: la ley de igualdad de trato sigue sin llegar a las víctimas del racismo y antigitanismo [editar]

Con motivo del 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 2026, desde la Fundación Secretariado Gitano (FSG) reiteramos nuestro compromiso con la construcción de una sociedad respetuosa con la diversidad y el respeto a los derechos humanos, libre de racismo, antigitanismo y cualquier otra forma de discriminación étnica o racial, muy especialmente en tiempos de incertidumbre social y política como en los que nos encontramos hoy a nivel mundial.

Esta fecha nos recuerda que, a pesar de los avances normativos y sociales en nuestro país, muchas personas continúan enfrentándose a situaciones de desigualdad, exclusión y discriminación en su vida cotidiana por motivo de su origen o pertenencia étnica. Estas realidades se manifiestan en discriminaciones en el acceso al empleo, la vivienda, la educación, la participación social y en múltiples ámbitos de la vida pública, teniendo un especial impacto en las mujeres, los niños y las niñas y las personas mayores.

En este contexto, es imprescindible reconocer la situación específica del pueblo gitano, que, a lo largo de la historia ha sufrido persecución, estigmatización y políticas de exclusión cuyas consecuencias siguen presentes hoy en forma de desventaja social estructural, segregación y discriminación persistente. Por señalar algunos datos, el 30% de las personas gitanas afirman haber sufrido discriminación en el último año, 1 de cada 3 alumnos gitanos o gitanas estudia en colegios segregados; la población gitana es la que peor imagen social tiene entre la población general después de la población de origen marroquí y el 77% de la población que vive en asentamientos chabolistas o de infravivienda es gitana (aproximadamente unas 18.000 personas, la mitad de ellas son menores de 16 años).

En los últimos 20 años la FSG ha documentado y atendido más de 4.600 casos de discriminación y antigitanismo, y hemos llevado a los tribunales más de 30 casos de litigio estratégico. Estos datos demuestran la existencia de una situación de discriminación estructural que debería abordarse con urgencia.

Desde la Fundación Secretariado Gitano consideramos prioritario recordar a las instituciones y poderes públicos la obligación que tienen de garantizar y consolidar todos aquellos mecanismos e instrumentos que promuevan y protejan los derechos humanos. En este sentido, durante muchos años reclamamos la aprobación de una Ley integral de igualdad de trato que colmara una laguna jurídica fundamental, que estableciera un régimen de sanciones frente a las casuísticas de discriminación que de manera más frecuente afectan a las personas gitanas y que garantizara la reparación efectiva de las víctimas.

Esta ansiada normativa llegó al fin en el año 2022 con la aprobación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Sin embargo, casi cuatro años más tarde, todavía la ley no se está aplicando en la práctica, lo que se debe, en primer lugar, a la ausencia de un régimen suficientemente claro de infracciones y de sanciones, por otro lado, al hecho de que la ley no identifica suficientemente quién tiene la competencia para aplicar ese régimen de sanciones. En este sentido, aunque valoramos enormemente los avances conseguidos en el establecimiento de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, hace falta un impulso que garantice su pleno funcionamiento de manera efectiva.

Por todo ello, en el marco del Día internacional contra el Racismo, creemos que es necesario que:

• El poder legislativo reforme y mejore el régimen sancionador de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, conforme a los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad.
• Las administraciones competentes para aplicar las sanciones velen por la aplicación efectiva de la ley, en el cumplimiento de sus funciones.
• Se apruebe, sin mayor dilación, el Estatuto de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.