23 de Diciembre de 2019Desde la Fundación Secretariado Gitano queremos mostrar nuestra preocupación por la situación de las 42 personas gitanas de origen rumano, entre las cuales se encontraban 22 niños, niñas y adolescentes, que residían en la Azucarera de San Isidro, en el barrio de Bobadilla de Granada. Todas estas familias se vieron obligadas a abandonar dicho edificio ante el inminente desalojo por orden judicial que iba a producirse en la mañana del pasado 19 de diciembre.
Según hemos podido conocer, las familias se encuentran en este momento con sus familiares, viviendo hacinadas y en muy malas condiciones, dado que las alternativas que se han ofrecido desde el Ayuntamiento no garantizaban el mantenimiento de las unidades familiares; la solución que les ofrecían era alojar a las madres y sus hijos en unos pisos tutelados y a los hombres en un albergue situado en la otra punta de la ciudad. Por otro lado, hemos podido comprobar que 15 de los niños y niñas asistían al centro “La Ciudad de los Niños”, próximo a ese edificio. Nos preocupa que este proceso de realojo pueda tener alguna incidencia en su escolarización.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas tiene establecido que “cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos”, las autoridades están obligadas a “adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda”[1]. Además, la ONU ha especificado que “cuando el desalojo y la reubicación tengan lugar, se deben adoptar las medidas adecuadas para hacer frente a las necesidades específicas de las personas vulnerables, en particular respecto de los niños (incluida su escolarización)” y que “no se debe separar a los miembros de la misma familia extensa[2].” Por su parte, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés), que ya ha mostrado su preocupación al respecto de este desalojo, ha instado a que, en los casos de desalojos de personas gitanas, se les notifique con suficiente antelación y que se les brinde la oportunidad de “realojo en viviendas dignas”[3].
Desde la Fundación Secretariado Gitano hacemos un llamamiento a las autoridades locales para que garanticen alternativas habitacionales que respeten los mencionados estándares europeos e internacionales de derechos humanos, esto es, sin separar a los miembros de las familias y prestando especial atención a los derechos de los niños y niñas, incluida su escolarización.
[1] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, Observación General Nº 7 (1997).
[2] ONU Habitat y Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Desalojos forzosos” (2014), p. 38.
[3] Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, Recomendación General 13 sobre lucha contra el antigitanismo y discriminación contra los Roma, recomendación 6. D). Traducción propia y no oficial del inglés.