La FRA alerta sobre la persistente discriminación hacia la población gitana en la Unión Europea [editar]

En su Informe Anual sobre los Derechos Fundamentales 2025 la FRA advierte que la población gitana sigue enfrentando graves vulneraciones de derechos en toda la Unión. A pesar de las iniciativas y estrategias en vigor, los avances reales en igualdad, inclusión y participación son escasos.

Las condiciones socioeconómicas, tras varias crisis, los cambios geopolíticos y los conflictos internacionales están poniendo en peligro los derechos fundamentales en la UE. “Tiempos difíciles para los derechos fundamentales”, en palabras de su Directora, Sirpa Rautio. “Tenemos que actuar con decisión para asegurar que los derechos fundamentales permanecen en el núcleo de todas las políticas y actuaciones de la UE.”



El informe 2025 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA, por sus siglas en inglés) hecho público hoy, indica la existencia de un patrón continuo de racismo y discriminación que afecta de manera significativa a la población gitana, así como a otros colectivos: población judía, musulmana, personas negras, migrantes y personas LGBTIQ.

El informe destaca que los ciudadanos gitanos siguen siendo objeto de racismo sistemático, discriminación estructural y delitos de odio. La presencia de contenidos ofensivos y estigmatizantes en redes sociales, además, contribuye a reforzar su exclusión social y alimenta discursos de odio preocupantes.

Sin representación política de las minorías en las instituciones europeas
A pesar de constituir una comunidad estimada en 6 millones de personas en la UE, actualmente no hay representantes gitanos en el recién elegido Parlamento Europeo; cuando anteriormente sí ha habido, al menos, un pequeño número de representantes. Además, según el Informe, las mujeres gitanas enfrentan obstáculos adicionales para acceder a cargos de decisión, y muchos candidatos gitanos en elecciones nacionales sufren intimidación, exclusión de las listas o problemas documentales que les impiden participar en igualdad de condiciones.

Esta situación se enmarca en un estancamiento generalizado del nivel de representación de las minorías en el Parlamento Europeo y en otros órganos europeos. La proporción de eurodiputados que se identifican como parte de una minoría racial o étnica fue de aproximadamente el 3,3 % en 2014 y del 4,5 % en 2019. De los eurodiputados actuales, solo el 3,2 % pertenecen a minorías nacionales. Si bien esto representa un aumento con respecto al 2,8% de la anterior legislatura, la presencia actual de minorías nacionales en el Parlamento Europeo no es representativa de la proporción real de minorías en la UE (6,7 %).

Falta de aplicación efectiva de los derechos fundamentales.
El informe subraya que, a pesar de contar con legislación europea contra la discriminación, su implementación por parte de los Estados miembros sigue siendo insuficiente. La falta de progreso tangible en la mejora de las condiciones de vida de las personas gitanas evidencia un incumplimiento persistente de los compromisos adquiridos.

Es en este contexto de discriminación y racismo cuando se justifica una mejor y mayor aplicación de las leyes vigentes para proteger a las personas en situaciones más vulnerables, así como la aplicación efectiva de las estrategias diseñadas en los diferentes países.

La FRA avanza que está llevando a cabo una nueva recopilación de datos sobre el racismo y los delitos de odio sufridos por la población gitana, cuyos resultados se harán públicos este año y se emplearán para evaluar el cumplimiento del Marco de la UE para la igualdad, inclusión y participación de los gitanos 2020–2030.

Racismo institucional.
La FRA denuncia que el racismo no se limita a las interacciones sociales. Las actitudes racistas institucionalizadas también pueden estar arraigadas en los servicios públicos y las políticas gubernamentales.

El racismo existe en servicios públicos, como las fuerzas de seguridad del estado, diseñadas para proteger a las comunidades a las que sirven. En 2024, la FRA publicó el primer informe a nivel de la UE sobre el racismo en la policía “Addressing racism in policing”. Este informe demuestra que el racismo en la policía sigue siendo un problema y está extendido en toda la UE. El racismo en la policía tiene efectos de gran alcance, ya que fomenta la exclusión social y socava la confianza en las fuerzas policiales.

Digitalización e inteligencia artificial.
El informe de la FRA denuncia los riesgos que representa la Inteligencia Artificial y cómo su uso puede afectar negativamente a los derechos fundamentales. Considera que la tecnología y los algoritmos diseñados para detectar y detener la propagación del discurso de odio pueden estar sesgados y provocar discriminación con la eliminación excesiva o insuficiente de contenido, lo que puede provocar desventaja a ciertos colectivos debido a su origen étnico.

Proteger los derechos fundamentales en línea implica proteger tanto el derecho a la libertad de expresión e información como el derecho a la no discriminación. Este sigue siendo un ámbito en el que la FRA seguirá trabajando en 2025 y 2026 para facilitar una mejor comprensión de las injerencias en estos derechos en el ámbito digital.

Llamada a la acción.
La directora de FRA, Sirpa Rautio, señala que: «Los derechos fundamentales en Europa se enfrentan a retos crecientes y cada vez más serios. Las tensiones geopolíticas, la creciente intolerancia y las amenazas a la integridad electoral están poniendo a prueba la resiliencia de nuestras instituciones democráticas. Al mismo tiempo, los llamamientos en favor de la simplificación y la desregulación corren el riesgo de socavar las salvaguardias vitales que protegen los derechos de las personas. Esta es una señal de alarma para que la UE y sus Estados Miembros reafirmen su compromiso: tenemos que actuar con decisión para asegurar que los derechos fundamentales permanecen en el núcleo de todas las políticas y actuaciones de la UE.»

La FRA hace un llamamiento urgente a las instituciones europeas y a los Estados miembros para que:

• Refuercen la aplicación efectiva de la legislación antidiscriminación.
• Establezcan mecanismos independientes de supervisión.
• Recojan y utilicen datos sólidos y regulares sobre igualdad y discriminación.