Muchas familias gitanas ven empeorar sus condiciones de vida cotidianas. Crecen las necesidades a la vez que las salidas posibles son menos y más lejanas; las prestaciones sociales y las ayudas económicas disponibles están lejos de alcanzar a todas las personas y todas las necesidades; no se detiene la pérdida de vivienda, las dificultades para hacer frente a los gastos de la vivienda y los suministros, así como el mantenimiento y las condiciones de habitabilidad de las mismas.

Las personas en proceso de búsqueda de empleo encuentran escasas posibilidades de trabajar, y las pocas que hay suelen ser bastante precarias: contratos temporales de muy poca duración, jornadas parciales, salarios muy bajos y en algunos casos, incluso sin contrato.

La persistencia de la participación en actividades laborales no reguladas y marginales se ha visto fortalecida por las imperiosas necesidades de supervivencia que se han dado y se están produciendo, lo que dificulta el poder demostrar a través de la vida laboral la experiencia profesional acumulada y/o requerida para la participación en procesos formales de selección de personal.

Las carencias de empleo y de ingresos estables afecta a inversiones fundamentales para las personas, como son la educación y la salud, evitando lo que podríamos considerar pequeños gastos hoy que afectan de manera considerable al bienestar individual y social a medio y largo plazo.

También la capacidad de ayuda posible de la FSG ha venido marcada por la considerable disminución de fondos del Programa Operativo y las consecuencias en el programa Acceder y los servicios prestados por él, como la orientación, la formación y la prospección.

Una de las consideraciones a tener en cuenta ha sido el gran retraso en la puesta en marcha de los Fondos Estructurales y el arranque de un nuevo periodo con más recursos y oportunidades para las personas en todos los ámbitos, especialmente sensible en empleo y vivienda.

Pero ante todo, lo que realmente es urgente e inaplazable es que la comunidad gitana en la región cuente con un plan de acción específico, soportado en un buen diagnóstico y donde se establezcan objetivos, resultados y recursos suficientes para alcanzar niveles óptimos de inclusión y de condiciones de vida acordes a los de la población en su conjunto.