En el año 2015 continuamos trabajando y realizando el seguimiento jurídico de dos casos de antigitanismo producidos en el verano de 2014 en Estepa y Castellar, dos pueblos de Andalucía. Ante actos delictivos por parte de personas de etnia gitana, en los que intervino la justicia, los vecinos de estos pueblos optaron por tomarse la justicia por su mano y reaccionaron sin ajustarse a la legalidad, con manifestaciones antigitanas y violentas, hasta el punto de que en Castellar se llegó a incendiar la vivienda de una familia. Las reacciones antigitanas no son justificables en ningún caso. Los delitos de odio contra la comunidad gitana, tienen que ser defendidos en los Tribunales, y son necesarias resoluciones proporcionadas y justas.

Por ello, lamentamos lo ocurrido en el proceso judicial: al personarnos como acusación popular en el caso sucedido en Castellar, junto a otras ONG del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, el juzgado instructor dio continuidad al procedimiento al considerar la existencia de indicios de un delito de incitación a la discriminación art. 510 y de un delito de desorden público art. 557 C. Penal. Pero al recurrirse el auto por los acusados, la Audiencia Provincial de Jaén “archiva provisionalmente el caso”, considerando, sorprendentemente, “que no hay indicios suficientes”. Resoluciones como la señalada evidencia la falta de respuesta jurisdiccional en defensa de la no discriminación y los delitos de odio, que vamos a seguir combatiendo, porque creemos firmemente que los Tribunales tienen que empezar a pronunciarse haciendo justicia ante el antigitanismo.