El Informe FOESSA cierra el año con datos que dejan pocas dudas. Más de la mitad de la comunidad gitana se encuentra en pobreza severa. Gravísima situación que contrasta con la invisibilidad de la comunidad y su problemática, con la aparente calma y falta de contestación a las enormes dificultades y escasas alternativas.

En FSG-Murcia, con apoyo de administraciones y entidades privadas, hemos podido mantener la mayoría de los servicios y programas de inserción laboral, incluso, recuperar programas que habíamos dejado de gestionar, mejorando resultados de atenciones, formación e inserción laboral de más personas gitanas. También en el ámbito de la calidad de la escolarización y la normalización educativa del alumnado gitano se observan progresos en sus calificaciones, en la responsabilidad ante sus tareas, mayor implicación de las familias, etc.

Pero hemos podido constatar el avance hacia la precariedad de la mayoría de las personas atendidas y sus familias, el crecimiento y la complicación de los problemas de estas personas en el mantenimiento de sus necesidades básicas, de suministros, de hipotecas, de gastos en material escolar, etc. también de la frustración y de la impotencia ante la falta de soluciones. Estas situaciones centran las preocupaciones en la supervivencia a corto plazo y bloquean la capacidad de invertir en la construcción de un futuro más estable, seguro y sostenible

La comunidad gitana no se ha caracterizado por la movilización ni la reivindicación; las personas en situación de exclusión, entre las que destacan las personas gitanas, no tienen fuerza para dejarse ver, oír o sentir. Y el retroceso en los procesos de promoción es evidente, especialmente de las mujeres y los jóvenes gitanos. Más de la mitad de los jóvenes gitanos ni encuentran trabajo ni pueden estudiar. Consecuencia de todo ello puede llevar a la comunidad gitana a la pérdida de confianza en las instituciones y en las respuestas de la administración y las organizaciones sociales a sus problemas y sus necesidades de incorporación social, a la pérdida de oportunidades de mejora de sus condiciones de vida, trocando el derecho reconocido y adquirido por la ayuda puntual y la respuesta en función de los recursos, no de las necesidades.

En nuestra Región hay que impulsar, además de un plan de erradicación de la pobreza, un plan específico para la inclusión de la comunidad gitana, como reclama la Comisión Europea y como ha diseñado el Estado Español, plan que debería ser implementado con más contundencia y exigido con más insistencia a todos los territorios.