28 de Julio de 2011
FSG
El pasado 22 de julio el Ministerio de Trabajo e Inmigración aprobó una instrucción por la que se modifican las condiciones legales para la estancia de trabajadores rumanos en España: se reactiva el período transitorio y se establecen de nuevo limitaciones en el acceso al mercado de trabajo de los trabajadores por cuenta ajena rumanos. El Gobierno español se acoge a una cláusula de salvaguardia del Acta relativa a las condiciones de adhesión de Rumania y a las adaptaciones de los Tratados de la UE, que permitiría limitar el régimen de libre circulación de trabajadores por cuenta ajena del que venían disfrutando los ciudadanos rumanos en España desde el año 2009. Esta medida se plantea como temporal y será objeto de revisión a partir de finales del año 2012.
En términos concretos, esta medida implicará que todos aquellos ciudadanos rumanos que quieran trabajar en España por cuenta ajena, tendrán que tramitar una autorización previa y que incluya ya un contrato de trabajo. No se aplicará a aquellos ciudadanos rumanos que con anterioridad al 22 de julio 2011 estén trabajando en España, cobrando el paro o inscritos en el INEM para buscar empleo.
El Gobierno justifica esta medida ante “la existencia de graves perturbaciones” en el mercado de trabajo que “puedan poner en grave peligro el nivel de vida o el índice de empleo en una determinada región o una determinada profesión". Sin embargo, desde la FSG creemos que no parece haber datos que avalen que los ciudadanos rumanos estén causando dicha situación.
La Comisión Europea, que ya ha manifestado sus dudas respecto sobre dicha medida y los argumentos que la motivan, dictaminará en breve si la reintroducción del requerimiento de permisos de trabajo para ciudadanos rumanos es correcta o si contradice el Tratado de Adhesión firmado con dicho país.
Desde la Fundación Secretariado Gitano consideramos que dicha medida no está suficientemente justificada ya que presupone un daño al mercado de trabajo español nada evidente, culpabilizando y reforzando la idea de que la población rumana viene a España a quitarnos el trabajo.
Supone, además, una clara limitación del derecho de la libre circulación en la UE para el conjunto de ciudadanos de un determinado país de la Unión Europea, Rumania, generando así una segunda categoría de ciudadanos europeos que no disfrutan de los mismos derechos que el resto de ciudadanos europeos, trato diferenciado que puede generar situaciones de discriminación. Constituye, por tanto, un retroceso de derechos para los ciudadanos rumanos.
Esta medida tiene consecuencias directas en la intervención que la FSG viene realizando con personas gitanas rumanas desde hace unos años en varias ciudades españolas desde el programa de formación y empleo Acceder y otros programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida y la inclusión social de este colectivo en nuestro país. Si hasta ahora las personas gitanas rumanas tenían dificultades para acceder al mercado de trabajo (escasez de ofertas de trabajo, discriminación por parte de los empleadores, falta de cualificación profesional…), esta nueva medida sólo obstaculizará, todavía más, sus posibilidades de inserción laboral y, por tanto, de acceso a unos medios de vida dignos.
VOLVER A LA SALA DE PRENSACon la colaboración de:
