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Comunicado de la Fundación Secretariado Gitano, a raíz de la grave situación generada por los cortes de luz en Cañada Real[editar]

Los cortes de luz se vienen produciendo desde el pasado 2 de octubre.

18 de Diciembre de 2020
FSG

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Ante la grave situación que se ha generado en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real en Madrid, a causa de los frecuentes cortes de luz que se vienen sucediendo desde el pasado 2 de octubre, desde la Fundación Secretariado Gitano (FSG) queremos manifestar lo siguiente, en nuestra condición de entidad social que lleva años trabajando con las familias que viven en Cañada Real a través de un amplio equipo de profesionales, y que lo ha seguido haciendo de manera aún más intensiva desde que se inició la actual crisis:

  • Los cortes de luz están provocando unas graves consecuencias en las más de 1.200 familias (4.500 personas, de las cuales 1.800 son niños y niñas) que viven en los sectores 5 y 6 de Cañada Real. Hablamos de personas que están pasando frío en pleno mes de diciembre, no pueden usar ni electrodomésticos ni dispositivos electrónicos para comunicarse o realizar trámites necesarios en su día a día, ni asearse de manera adecuada en un momento de pandemia en el que hay que extremar la higiene. Hablamos de niños y de niñas que, además de sufrir por su especial vulnerabilidad más que nadie las consecuencias de esta falta de suministros, ven afectado su derecho a la educación, por no poder asearse para asistir a las clases presenciales, ni poder conectarse a las clases online o realizar las tareas o asistir a las sesiones de apoyo educativo que impartimos las entidades sociales por la falta de luz. Hablamos, también, de personas enfermas y mayores que necesitan de la electricidad para conectar respiradores para oxigenarse o de sondas por bomba para alimentarse.
  • Nos preocupa que esta situación pueda agravarse y empeorar aún más ante la bajada de las temperaturas. Ya hemos visto cómo varias personas, muchas de ellas niños y niñas, se han intoxicado por gas, habiendo llegado a ser hospitalizadas por ello. Las personas que viven allí, después de más de dos meses en esta situación, están experimentando un desgaste emocional que está afectando gravemente a su salud mental.
  • Se nos ha trasladado, tanto por parte de las autoridades como de Naturgy, la empresa suministradora, que los cortes se deben a la existencia de plantaciones ilegales de marihuana. Desde la FSG entendemos que hay que hacer cumplir la ley y luchar contra la delincuencia. Ahora bien: la búsqueda de soluciones para esta situación, de grave vulneración de derechos fundamentales, no puede supeditarse a la realización de actuaciones policiales y judiciales. No puede ser que la mayoría de las personas que viven en Cañada Real (muchas de ellas niños y niñas), estén pagando las consecuencias de las actividades criminales realizadas por una minoría.
  • Hay que tener en cuenta en este sentido que esta situación supone una vulneración de muchos de los derechos humanos de las personas que la vienen sufriendo, reconocidos tanto en la Constitución Española como en los tratados de derechos humanos, tanto europeos como internacionales, suscritos por España. Nos referimos a los derechos a condiciones de vida digna, a la salud, a la vivienda, a la educación, a la seguridad personal y a no ser sometidas a tratos inhumanos o degradantes.
  • Entendemos además que se está produciendo una discriminación racial y étnica indirecta, habida cuenta de que una gran número de las personas que allí viven son o gitanas o de origen migrante. Nos cuesta imaginar una situación similar en un lugar habitado por personas que no pertenecen a estos grupos étnicos o raciales minoritarios. Nos preocupa, además, que algunos medios de comunicación, y hasta representantes políticos, estén aprovechado esta situación para criminalizar a las familias que allí residen, culpándolas de esta situación, partiendo en muchas ocasiones de estereotipos y prejuicios racistas y antigitanos.
Por todo ello, hacemos un llamamiento urgente a todas las partes implicadas, para que aborden esta cuestión con una perspectiva de derechos humanos y de interés superior de la infancia, interpelándolas específicamente a:
  • La Comunidad de Madrid, la Delegación de Gobierno en Madrid, los Ayuntamientos afectados (Madrid y Rivas Vaciamadrid), todas firmantes del Pacto Regional para la Cañada Real en 2017, para que, a corto plazo, cumplan con la obligación que asumieron de garantizar los suministros eléctrico y de agua. También les instamos a intensificar el ritmo y los recursos con respecto a los realojos, y el conjunto de medidas que buscan dar una solución a una situación donde los problemas se van acentuando con el paso del tiempo.
  • La empresa suministradora, Naturgy, para que en cumplimiento de su responsabilidad social corporativa y de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, colabore con las administraciones responsables para que conjuntamente puedan tomar medidas de restablecimiento de la luz y poniendo en marcha alternativas técnicamente viables para un nuevo tendido eléctrico, que supongan que cada vivienda cuente con su propio contrato y contador.
  • Los medios de comunicación, para que sean capaces de mostrar que la Cañada es una ciudad informal, configurada por familias trabajadoras y con una alta proporción de niños y niñas, diversa en sus culturas y composición. Apelamos a sus códigos deontológicos para que no caigan en la simplificación de la problemática, en la generalización de estereotipos racistas y antigitanos, ni en la criminalización del conjunto de su población.
  • La ciudadanía madrileña y española en su conjunto, para que se movilice a favor de los y las vecinas de los sectores 5 y 6 de Cañada Real, con el entendimiento de que se trata en su inmensa mayoría de familias, formadas por niños, niñas y personas trabajadoras, que viven a pocos kilómetros de la capital de Madrid y que están atravesando una situación que podríamos calificar de urgencia humanitaria.
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