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Informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre las iniciativas y ayuda financiera de la UE para la integración de la población gitana[editar]

Comunicado FSG

13 de Julio de 2016
FSG

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  • El Programa Operativo Lucha contra la Discriminación gestionado por la Fundación Secretariado Gitano es uno de los siete programas analizados
  • El valor añadido de este Informe, basado en auditorías de gestión, es que las instituciones europeas evalúan no solo la gestión de los recursos europeos, sino también su vinculación con las políticas.
  • El PO Lucha contra la Discriminación se llevó a cabo conforme a lo planificado, cumpliendo sus objetivos en términos de realizaciones, resultados, presupuesto, calendario y alcance.
  • Desde la Fundación Secretariado Gitano valoramos muy positivamente este ejercicio de transparencia, buena gestión y búsqueda de impacto de las políticas y recursos europeos

A lo largo de 2015 el Tribunal de Cuentas Europeo llevó a cabo auditorías de gestión para evaluar si las iniciativas políticas de la Unión Europea y la ayuda financiera prestada a través del FEDER y el Fondo Social Europeo habían contribuido eficazmente a la integración de la comunidad gitana. España fue uno de los cuatro países seleccionados (además de Bulgaria, Hungría y Rumania), por el elevado número de personas gitanas, así como por la asignación de financiación. En España los programas analizados fueron el Programa Operativo (PO) de Lucha contra la Discriminación, gestionado por la Fundación Secretariado Gitano, así como el PO regional de Andalucía, ambos en el periodo 2007-2013.

El Tribunal basó sus criterios de auditoría en la experiencia de la red EURoma que publicó en 2013 una guía con recomendaciones para garantizar el éxito de las iniciativas de inclusión de la población gitana, que ha servido como base para la elaboración de esta auditoría[1].

En términos generales, el Tribunal constató que la Comisión ha avanzado considerablemente en la puesta en marcha de iniciativas de la UE que fomentan la integración de la comunidad gitana y que en 2012 todos los Estados miembros habían elaborado una Estrategia Nacional de Integración de la Población Gitana. A pesar de los avances, el Tribunal identifica en estas Estrategias nacionales varias deficiencias: por un lado, algunos Estados miembros no indican el nivel de financiación necesario ni los recursos disponibles para la aplicación de la Estrategia nacional; no se ha prestado suficiente atención a la lucha contra la discriminación y el antigitanismo; no siempre se ha tenido en cuenta la necesidad de una participación activa de las organizaciones de la sociedad civil, incluidos representantes de la comunidad gitana, a la hora de elaborar las Estrategias nacionales; por último, el Tribunal ha detectado desequilibrios entre competencias y recursos asignados a los Puntos de Contacto Nacionales para la integración de la población gitana, creados para coordinar la elaboración y aplicación de las estrategias nacionales.

Por lo que respecta a la programación de los fondos europeos, el Tribunal cree que se observan mejoras en el actual periodo de programación 2014-2020 respecto al anterior 2007-2013: por ejemplo, la integración de la población gitana se menciona expresamente en el Reglamento sobre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y se ha introducido una prioridad de financiación específica. Sin embargo, el Tribunal considera que se requieren esfuerzos adicionales tanto de la Comisión como de los Estados miembros para asegurar que estos cambios dan lugar a proyectos que contribuyan en mayor medida a la integración de las personas gitanas sobre el terreno.

Respecto al uso de la ayuda financiera de la UE, el Tribunal recuerda a los Estados miembros la importancia de la aplicación de los Diez Principios Básicos Comunes para la integración de la población gitana, la puesta en marcha de proyectos a largo plazo y sostenibles, así como de medidas inclusivas destinadas a luchar contra la segregación, especialmente en los ámbitos de la educación y la vivienda; promueve la utilización del FSE para financiar cualquier medida de inclusión social con independencia del ámbito del empleo; y recuerda la necesidad de recopilar datos sobre la etnia y contar con indicadores específicos en los PO para las personas gitanas, además de los indicadores comunes de realización y resultados, para disponer así de datos fiables para evaluar los proyectos.

El Tribunal pide a la Comisión velar por que los objetivos de las Estrategias nacionales se reflejen en el marco de los fondos europeos; que la distribución de los fondos entre los Estados miembros  a partir de 2020 tenga en cuenta indicadores de inclusión social, como la proporción de grupos marginados, como los gitanos; y pide a la Comisión, por último, hacer pleno uso en las reuniones del comité de seguimiento de los PO de los datos con­tenidos en los informes que los Estados miembros están obligados a presentar desde 2016 con arreglo a la Recomendación del Consejo sobre medidas eficaces de integración de los gitanos, así como las conclusiones extraídas de esta información. La finalidad es corregir los puntos débiles detectados en los informes por medio de los Fondos EIE o los fondos de los Estados miembros (por ejemplo, reasignando fondos a ámbitos donde se han detectado deficiencias).

Las menciones a España en el Informe van en dos direcciones: respecto a su estrategia nacional y respecto al uso de la ayuda financiera de la UE.

En cuanto a la estrategia española, el Tribunal valora la consulta a las organizaciones de la sociedad civil, la inclusión de la lucha contra la discriminación, aunque sin definición de objetivos ni indicadores en este ámbito, y critica la falta de información sobre la asignación financiera. El informe cuestiona el papel del Punto de Contacto Nacional respecto a su función de coordinación y respecto al desequilibrio entre competencias y recursos asignados.

Por lo que respecta al uso de la ayuda financiera de la UE, el Tribunal menciona el caso de España para poner en valor la incorporación de la Prioridad de Inversión específica 9.2. en el periodo de programación 2014-2020 a través del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (POISES), así como la 9.3 (Lucha contra todas las formas de discriminación y promoción de la igualdad de oportunidades), y reconoce el valor del llamado “modelo español de inclusión de la población gitana” por el que los recursos europeos contribuyen no solo con medidas específicas para la integración de la comunidad gitana, sino a través del apoyo a medidas generales de inclusión social, educación y empleo. 

Respecto  al PO Lucha contra la Discriminación, el Informe señala que se llevó a cabo conforme a lo planificado, cumpliendo sus objetivos en términos de realizaciones, resultados, presupuesto, calendario y alcance. El Tribunal pone en valor la utilización de un enfoque integrado, la dimensión de género, señala como buena práctica el hecho de que las personas gitanas sean grupo objetivo del programa y se lleve a cabo aplicando el enfoque explícito pero no exclusivo (uno de los Diez PBC); valora la puesta en marcha del programa de educación Promociona sobre la experiencia y resultados del programa de empleo Acceder, así como la cooperación con otros organismos intermedios que trabajan con colectivos en condiciones similares; el programa, además, tal como promueve el Tribunal, recopila datos sobre la etnia de los participantes y los transmite a la autoridad de gestión para evaluar resultados e impacto.

En 2015 a lo largo de varios días, los auditores del Tribunal se reunieron con el equipo directivo y técnico de la FSG, revisaron documentación, comprobaron los sistemas de seguimiento y evaluación de nuestro programa, visitaron nuestros proyectos y entrevistaron a participantes de los mismos en dos localidades seleccionas por el propio Tribunal (Madrid y Granada).

Desde la Fundación Secretariado Gitano valoramos muy positivamente este ejercicio de transparencia, buena gestión y búsqueda de impacto de las políticas y recursos europeos que supone someterse a una auditoría de gestión del Tribunal de Cuentas Europeo, y confiamos en que tanto la Comisión como los Estados miembros pongan en marcha medidas para el cumplimiento de las Recomendaciones establecidas por el Tribunal en este Informe.

[1] « ¿Cómo abordar las necesidades de la población gitana en el período de programación 2014-2020 de los Fondos Estructurales? Guía para mejorar el proceso de planificación», mayo de 2013.

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