El Consejo de Europa aboga por reforzar la colaboración con la sociedad civil contra los delitos de odio [editar]

No basta con una respuesta más eficaz desde la justicia penal contra los delitos de odio. El Consejo de Europa considera vital que los Estados miembros intensifiquen la colaboración con la sociedad civil, en particular con las organizaciones que trabajan con las víctimas. Se recomienda, en particular, aumentar el apoyo financiero y facilitar medios frente a las “amenazas, acoso o recriminaciones” que reciben como “consecuencia de su trabajo”.

El Consejo de Europa acaba de publicar un Memorándum explicativo en castellano en el que se desgrana cada punto de la Recomendación aprobada el pasado 7 de mayo por el Comité de Ministros.

Los delitos de odio se presentan en la Recomendación como “una forma de delincuencia especialmente grave”, que “atenta contra la seguridad de las personas y los grupos a los que se dirige, socava los principios de igualdad y dignidad humana” y “destruye los valores democráticos, la estabilidad social y la paz, amenazando así la base misma de las sociedades democráticas y del Estado de Derecho”.

La Recomendación, elaborada por el Comité de Expertos en Delitos de Odio, complementa los instrumentos ya existentes, partiendo de una comprensión deliberadamente amplia del fenómeno que “pretende garantizar que no haya ambigüedad”. El foco de interés abarca “desde la estigmatización cotidiana y las manifestaciones de intolerancia, las agresiones verbales y las microagresiones hasta la discriminación, el discurso de odio, la violencia y los delitos de odio y, en última instancia, el terrorismo o el genocidio, mediante el reconocimiento de que el discurso odio, igual que las agresiones verbales, puede constituir un delito de odio”.

Uno de los principios básicos es reforzar el sistema penal para dar una respuesta adecuada a la gravedad de este fenómeno. “Deben introducirse políticas a lo largo de todo el proceso de justicia penal para garantizar que los delitos de odio se desenmascaran, registran, investigan, enjuician y condenan adecuadamente”, afirma la Recomendación.

Estas actuaciones deben enmarcarse en “una estrategia coherente y un amplio conjunto de medidas jurídicas y políticas”, que permitan “prevenir y combatir los delitos de odio de una manera integral”, evitando “enfoques fragmentados”.

Mención especial se hace a la necesidad de “servicios de apoyo a las víctimas que sean eficaces” y de amplio espectro, combinando diferentes apoyos de tipo psicológico, social, médico o legal, incluso cuando la víctima no denuncie.

Otro acento destacado se pone en “los sistemas educativos”, considerados “un medio clave” tanto para la prevención, como para la gestión y el tratamiento de los delitos de odio. Más concretamente la Recomendación sugiere que se incorpore a “funcionarios de enlace especializados que presten apoyo en todos los distritos educativos”.

Reforzar el papel de la sociedad civil

La Recomendación aboga por reconocer un papel central a la sociedad civil, y en particular las organizaciones que trabajan en el ámbito de los delitos de odio. “Una sociedad civil plenamente financiada y dotada de recursos es vital para la promoción y protección de los derechos de las personas y grupos expuestos a delitos de odio”, se lee en el Memorándum explicativo.

Entre las vías de colaboración recomendadas, se incluye “la formación de los agentes de policía” y una interlocución permanente con la Justicia y con la Administración en general, para mejorar y monitorizar las políticas públicas en materia de delitos de odio.

Se anima también a fomentar la colaboración para la asistencia y acompañamiento a las víctimas. Estas organizaciones pueden desempeñar un importante papel intermediario con el objetivo de reducir la infradenuncia en los delitos de odio. “Está ampliamente documentado que la falta de confianza en la policía es una de las principales causas por las que muchas agresiones por delitos de odio no se denuncian a la policía, reconoce el Memorándum.

A la vez que se defiende fortalecer la colaboración en la atención y defensa de los derechos de las víctimas, el documento recuerda a los Estados miembros del Consejo de Europa que, en un contexto de aumento de los delitos de odio, “las organizaciones de la sociedad civil pueden enfrentarse a amenazas, acoso o recriminaciones como consecuencia de su trabajo en materia de delitos de odio, ya que pueden sufrir reacciones hostiles por apoyar a grupos minoritarios o por defender los derechos de grupos objeto de discriminación y odio”.

Desde la Fundación Secretariado Gitano valoramos muy positivamente tanto la Recomendación como el documento explicativo, dado que refuerza y aclara los estándares aplicables para la protección de las víctimas de delitos de odio, otorgando un papel muy importante a las entidades que, como la nuestra, se dedican al acompañamiento y asesoramiento de las personas que sufren este tipo de delitos.