21 de Mayo de 2013
FSG
Artículo de Luis P. Villameriel sobre un tema de gran relevancia para las ONG de acción social tras una reciente sentencia del Tribunal Constitucional.
Con el título “Problemas actuales en la asignación tributaria del IRPF para fines sociales”, Luis P. Villameriel Presencio (quien fuera Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad y Política Social) difundió a mediados de abril un interesante artículo en la web “Administración Digital” sobre un tema de gran relevancia para las ONG de acción social tras una reciente sentencia del Tribunal Constitucional ya que, según el autor, esta sentencia “ha negado al Estado la competencia para gestionar estas cantidades resultantes de la asignación tributaria del IRPF para fines sociales”.
La sentencia, de 14 de marzo, disponible en https://www.boe.es/boe/dias/2013/04/10/pdfs/BOE-A-2013-3806.pdf trata del “Conflicto positivo planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de la Orden SIS/1199/2012, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas”, es decir, sobre la gestión de los fondos de la llamada casilla de Otros Fines de interés social de la declaración de la Renta”.
Luis Villameriel contextualiza esta cuestión con otras reflexiones más generales pero incide básicamente en dos problemas concretos muy relevantes:
“Se trata de un modelo de financiación de programas de solidaridad que inició su andadura en el año 1988 y está muy consolidado, pero que se enfrenta hoy a dos problemas importantes. (…)
El primero es que la financiación resulta insuficiente para paliar los daños que está causando la crisis económica entre los colectivos más vulnerables. Por falta de recursos, en el pasado ejercicio más de 800 programas se quedaron sin financiación, por insuficiencia presupuestaria. Aquí es fundamental la respuesta que quiera dar la sociedad española, si aumenta el número de contribuyentes que indican en su declaración del IRPF el deseo de colaborar con estos fines solidarios.
El segundo problema es de naturaleza jurídica y estriba en que el Tribunal Constitucional ha negado al Estado la competencia para gestionar estas cantidades resultantes de la asignación tributaria del IRPF para fines sociales.
El pleito constitucional lo iniciaron varias comunidades autónomas, planteando conflictos competenciales frente a la convocatoria por parte de la Administración General del Estado (AGE) de las subvenciones con cargo a la asignación del IRPF. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en una serie de sentencias muy recientes que complican extraordinariamente la gestión de la asignación tributaria. Con el respeto que siempre merece el Alto Tribunal, su doctrina en este caso puede llegar a poner en riesgo la gestión de los programas sociales del IRPF. (…) "
El texto completo de este artículo puede consultarse en:
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