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La Fundación Secretariado Gitano alerta de los perjuicios que la nueva Ley de Residuos puede ocasionar a muchas familias gitanas y excluidas que viven de la recogida de chatarra [editar]

07 de Septiembre de 2011

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La Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha difundido un Comunicado con el que quiere llamar la atención sobre los efectos perjudiciales de la nueva Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados que entró en vigor el pasado 28 de julio, ya que incorpora una nueva regulación de la actividad económica vinculada a los residuos que afecta a importantes sectores de población que tienen en la recogida de chatarra su medio de vida.

La Fundación Secretariado Gitano (FSG), entidad social sin ánimo de lucro que presta servicios para la promoción de la comunidad gitana en todo el Estado español y en el ámbito europeo, ha difundido un Comunicado con el que quiere llamar la atención sobre los efectos perjudiciales de la nueva Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados que entró en vigor el pasado 28 de julio. Para la FSG, esta Ley incorpora “una nueva regulación de la actividad económica vinculada a los residuos que afecta a importantes sectores de población que tienen en la recogida de chatarra su medio de vida”.

En el contexto de la actual crisis económica, que perjudica especialmente a los más desfavorecidos, se constata por ejemplo una disminución en los niveles de contratación laboral en la población gitana de un 22% con respecto al año anterior (casi el doble que en el conjunto de la población). Por otra parte, la recogida de chatarra, que ya de por sí presenta un alto componente de precariedad, supone una actividad de la que tradicionalmente han vivido muchas familias gitanas como una actividad en muchos casos de subsistencia.

En este sentido, para la FSG se hace necesario el estudio de vías alternativas que permitan a estas familias no ser expulsadas de la actividad y poder continuar con la misma dentro de un marco regulado que mejore las condiciones en las que la desarrollan. Para ello, el nuevo marco normativo, que puede conllevar un excesivo componente regulatorio, debería venir también acompañado de medidas alternativas que eviten la expulsión del mercado de las personas que actualmente se dedican a la recogida de chatarra, permitiendo su continuidad en la actividad de manera regulada.

Desde la FSG se ve necesario que se tengan en cuenta una serie de consideraciones que habrían de facilitar una transición gradual y progresiva hacia el nuevo marco regulatorio que establece la Ley, como la incorporación en el desarrollo reglamentario de medidas transitorias y compensatorias; el establecimiento de acciones de apoyo, orientación y acompañamiento, a través de puntos de información y asesoramiento para las familias afectadas; o la posibilidad de incorporar un régimen particular en la Seguridad Social que permitiese acogerse a una base de cotización menor en función del volumen de actividad.

A su vez, la FSG hace un llamamiento a las Entidades Locales para que muestren la sensibilidad que el tema requiere a fin de que no se vean perjudicados los grupos más vulnerables de la sociedad.

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