20 de Octubre de 2010
Desde la FSG consideramos “un paso atrás en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos" la decisión de la Comisión Europea (CE) de dar carpetazo a semanas de enfrentamientos con Francia por las expulsiones de personas gitanas renunciando a expedientar al Gobierno de Nicolas Sarkozy. Esta medida da "carta blanca para que otros estados de la UE puedan tomar medidas similares contra la población gitana sin ningún tipo de consecuencias”.
Con el anuncio de la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario y responsable de Justicia, Viviane Reding de que acepta la promesa de París de cambiar su legislación para incorporar -hasta principios de 2011- todas las garantías de la UE sobre la libre circulación de personas “se está poniendo la atención en el futuro. Así, la CE fracasa a la hora de proveer justicia a quienes ya han sufrido discriminación y perdido sus casas en las últimas semanas”.
Documentos internos del Gobierno francés han dejado perfectamente claro que Francia se centró explícitamente en los gitanos cuando las autoridades recibieron órdenes de desmantelar asentamientos irregulares. “Convertir una etnia en objetivo atenta contra todas las garantía europeas de no discriminación e igualdad de trato”, como dice el comunicado emitido por la Coalición por una Política Europea para la Población Gitana (ERPC) de la que la FSG es miembro. “La decisión de la CE de no criticar a un Estado miembro que ha ignorado tan descaradamente los derechos de los más vulnerables es un tremendo revés para los derechos humanos en Europa”.
Miembros de la ERPC han suministrado a la Comisión pruebas claras que demuestran que ha habido discriminación en las expulsiones de ciudadanos rumanos y búlgaros de etnia gitana. “Cómo la Comisión ha llegado a las conclusiones que ha llegado, está lejos de ser transparente. Nuestra valoración legal, que hemos compartido con la CE, muestra claramente que se han violando descaradamente los derechos de muchas personas. Quienes han sido expulsados de Francia no han tenido acceso ninguno a la justicia. La Comisión les ha fallado”.
Desde la FSG estamos profundamente preocupados por las medidas discriminatorias que varios Estados miembros han venido aplicando contra la población gitana y creemos necesarias medidas efectivas de la UE y sus Estados miembros para combatir esa discriminación y resolver la situación de exclusión socioeconómica a la que se enfrenta la población gitana a lo largo de Europa. Esta decisión de la CE es, sin duda, un paso atrás.Documentos de interés
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