Fundación Secretariado Gitano

Por una Estrategia Estatal para la erradicación de asentamientos chabolistas y de infravivienda desde un enfoque de Derechos Humanos [editar]

• Incidencia y defensa de derechos
• Estatal

La existencia de asentamientos chabolistas y de infravivienda en España supone una gravísima vulneración de derechos humanos, incompatible con nuestro Estado de Derecho y en una de las primeras economías mundiales, tal y como declaró el Relator de Naciones Unidas para la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, Philip Alston, en su visita a España.

La existencia de asentamientos chabolistas y de infravivienda en España supone una gravísima vulneración de derechos humanos, incompatible con nuestro Estado de Derecho y en una de las primeras economías mundiales, tal y como declaró el Relator de Naciones Unidas para la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, Philip Alston, en su visita a España. Aunque reconocemos los avances llevados a cabo en los últimos 40 años en la erradicación de estos entornos, varios estudios recientes elaborados por las entidades que suscribimos este documento acreditan que todavía hay miles de personas viviendo en unas deplorables condiciones que impiden el acceso y disfrute de muchos derechos básicos.

La nueva Ley por el Derecho a la Vivienda dispone en su artículo 14 “las políticas en materia de vivienda tendrán especialmente en cuenta a las personas, familias y unidades de convivencia que viven en asentamientos y barrios altamente vulnerables y segregados”, recogiendo así la necesidad de tener en cuenta específicamente a las personas pertenecientes a grupos étnicos situados en el nivel máximo de exclusión para el acceso a este derecho. Por su parte, el recientemente aprobado II Plan de Derechos Humanos, incorpora entre sus distintas medidas la aprobación de “un plan de acción, en colaboración con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las organizaciones sociales, para impulsar proyectos que acometan la erradicación del chabolismo y los asentamientos segregados o infraviviendas”.

La erradicación de estos enclaves que impiden el ejercicio de la ciudadanía debería ser un objetivo unánime, compartido por todas las fuerzas políticas. Es por ello, que las entidades suscriptoras de este documento urgimos a todas las fuerzas políticas que concurren a las próximas elecciones generales a incorporar en sus programas electorales la aprobación de una “Estrategia estatal de erradicación de asentamientos chabolistas y de infravivienda”.

Esta estrategia debería servir como instrumento de dirección, coordinación política con las CCAA y Ayuntamientos, y de movilización de recursos que permita hacer realidad la erradicación de los asentamientos chabolistas y de infravivienda en España en 2030. La estrategia debe garantizar el pleno respeto de las garantías legales y los derechos fundamentales de las personas residentes, y asegurar una alternativa habitacional digna y adecuada, de acuerdo a sus necesidades.

Además, esta estrategia debería ir acompañada de medidas concretas para la prevención del racismo y del antigitanismo en el ámbito de la vivienda al derivar en situaciones de exclusión residencial y reforzar la existencia de estos espacios. Esta estrategia debe desarrollarse con medidas a corto, medio y largo plazo, implicando a todos los actores sociales en su abordaje.

Asimismo, se deberán establecer las bases para la definición de planes de acción para cada uno de los asentamientos, en los que se concretaría la hoja de ruta para promover el acceso de las personas y familias residentes en ellos a una vivienda digna y adecuada en un entorno inclusivo, así como su mantenimiento a lo largo del tiempo a través de programas de realojo que incluyan la participación de las personas afectadas y el acompañamiento por parte de los recursos públicos y entidades del Tercer Sector de Acción Social presentes en el territorio. Igualmente deberá incluir un marco financiero basado en criterios de suficiencia y proveniente de fuentes tanto europeas como estatales, autonómicas y locales que permitan invertir en facilitar el acceso a una vivienda digna en un entorno inclusivo, y ejecutar los distintos planes de acción local.