12 de Junio de 2023
FSG Igualdad y Lucha contra la discriminación
La Fundación Secretariado Gitano (FSG) presenta un estudio, cuyo principal objetivo es ofrecer un diagnóstico preciso de la situación de asentamientos chabolistas y de infravivienda, que permita medir la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran sus habitantes, y analizar su composición étnico-racial, con miras a documentar la posible existencia de una discriminación estructural.
En efecto, el estudio, realizado en colaboración con la Fundación ISEAK y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con cargo a las Subvenciones del 0,7 de actividades de interés social, arroja unos datos alarmantes en cuanto a las condiciones de vida de estos asentamientos, lo que supone la vulneración de diversos derechos humanos.
La población objeto del estudio es aquella que reside en asentamientos chabolistas o de infraviviendas extraídas del Estudio-Mapa sobre vivienda y población gitana (2015), con aislamiento del resto de población. En total, se ha acudido a 26 asentamientos de 17 provincias españolas, en los que se han realizado 688 encuestas, representativas de una población total estimada de 23.419 de personas que viven en asentamientos similares a los analizados en el estudio, distribuidas en 4.584 chabolas o infraviviendas.
Perfil de la población
En cuanto al perfil de la población, el estudio refleja que la práctica totalidad (92%) de las personas residentes en estos asentamientos pertenece a minorías étnico-raciales, siendo predominante (77% del total) la población gitana, seguida de la población árabe (13% del total). Este dato es un indicador de una situación de racismo estructural.
Otro elemento muy llamativo en relación con el perfil de la población de los asentamientos, es el altísimo porcentaje que representan los niños y niñas menores de 16 años, que asciende al 50%, de los cuales un 40% son menores de 6 años.
Por otro lado, la pobreza es un fenómeno cronificado en los asentamientos. Concretamente, el 93% de las personas residentes en los asentamientos vive en riesgo de pobreza, valor que se incrementa hasta el 99% en el caso de la pobreza infantil. Pese a ello, tan sólo el 35% de las personas tiene acceso al Ingreso Mínimo Vital u otras ayudas públicas.
Una situación que vulnera los Derechos Humanos
El estudio detecta que las condiciones materiales de las viviendas son absolutamente precarias: grietas, humedades, falta de luz natural, exposición a contaminación, suciedad y ruidos, etc. En cuanto a los suministros, la situación es especialmente grave en los asentamientos donde predominan las chabolas, pues el 90% de estos hogares carece de saneamiento, el 75% carece de agua corriente y un 69% de los hogares no dispone de electricidad.
Respecto al derecho a la educación, se observa que los niveles educativos de la población en los asentamientos son muy inferiores a la población en general. En ese sentido, un 10% de la población residente en los asentamientos mayor de 10 años es analfabeta (en el caso de las mujeres, 12,2% frente a 7,6% en el caso de los hombres), mientras que el analfabetismo es residual en la población general en España. Por otra parte, solo el 15,2% de la población de los asentamientos ha alcanzado la educación secundaria, mientras que este porcentaje es del 55,7% fuera de ellos. Además, se da una alta segregación escolar: más del 60% del alumnado de los asentamientos acude a centros segregados.
El derecho al empleo es otro derecho cuyo ejercicio se ve dificultado en el contexto de los asentamientos. Así, se puede apreciar cómo en el caso de los asentamientos, solo el 24% de la población tiene un empleo, frente al 51% de la población general. También se constada una fuerte brecha de género, pues solo un 15% de las mujeres accede al empleo, frente a un 45% de los hombres.
Otro dato importante es que, frente a la creencia popular, la inmensa mayoría (un 91% de las personas entrevistadas) afirma que aceptaría una vivienda con mejores condiciones en otros barrios. Sin embargo, no pueden acceder a alternativas de vivienda digna porque no pueden pagar el alquiler (tres de cada cuatro personas afirman no tener los medios suficientes) o porque enfrentan discriminación en el acceso a la vivienda (un 25% declara que nadie les alquila un piso en otro barrio).
Isidro Rodríguez, director general de la FSG, hace un llamamiento a las autoridades competentes a abordar esta problemática, dado su “grave impacto sobre los derechos fundamentales de las personas que viven en asentamientos y sobre los valores y principios que defendemos como sociedad”. Se trata, además, de un “fenómeno fácilmente abordable por la dimensión del problema”, dado el volumen que representan la cantidad de población y hogares afectados en un país como España, “una de las mayores potencias económicas de Europa”. Recuerda además que, existen muchas oportunidades para la financiación, por lo que sólo se requiere de “voluntad política y un trabajo coordinado entre administraciones de diferentes niveles y distintos ámbitos de responsabilidad”.
El resumen ejecutivo del estudio también contiene una serie de propuestas con medidas concretas para la erradicación de este tipo de asentamientos, con pleno respeto de los derechos fundamentales, facilitando el acceso a la vivienda digna para todas las personas que viven en ellos.
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