Fundación Secretariado Gitano

Desde la Fundación Secretariado Gitano celebramos con entusiasmo la aprobación de la esperada Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación [editar]

• Incidencia y defensa de derechos
• Igualdad y No Discriminación
• Estatal

Desde la FSG hemos promovido, desde los inicios del proceso hace ya 12 años, la elaboración y aprobación de esta ley y hemos realizado aportaciones a su contenido, desde un enfoque de género y de derechos humanos, en base a estándares europeos e internacionales, con el objetivo de que la ley contemplara todas las medidas oportunas para la erradicación de todas las formas de discriminación y antigitanismo.

Sara Giménez, actual presidenta de la Fundación Secretariado Gitano, ha sido una de las principales impulsoras de esta ley, primero como parte del equipo de la FSG que inició su diseño junto a un grupo de personas expertas convocado por Pedro Zerolo; y actualmente desde su escaño como diputada en el Congreso. La Fundación Secretariado Gitano, además, promovió más recientemente la creación de la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato para reforzar el trabajo conjunto de las organizaciones sociales que trabajamos con potenciales víctimas de discriminación y que hemos llevado a cabo una importante labor de aportaciones al contenido de la ley.

La aprobación de esta ley supone un importante avance en España para la protección del derecho a la igualdad, y que tendrá un impacto muy especial en la comunidad gitana, uno de los grupos que enfrenta más situaciones de discriminación y antigitanismo. La Fundación Secretariado Gitano lleva muchos años documentando casos de discriminación y apoyando y asesorando a las víctimas de discriminación que, gracias a esta ley, tendrán su propio cauce de denuncia. En ese sentido, valoramos muy positivamente que la ley contemple la creación de la Autoridad Independiente, encargada de proteger y promover la igualdad de trato y la no discriminación. Además, vemos muy relevante que se incorpore en la ley, a través de una disposición final, la introducción del antigitanismo en el código penal, como un delito de odio especifico hacia la población gitana. Entre otros aspectos positivos, la ley contempla un régimen sancionador administrativo para aquellos incidentes discriminatorios que no constituyen delito. También valoramos positivamente la incorporación y especial atención a la discriminación interseccional que se tendrá en cuenta para la aplicación de medidas y sanciones. Finalmente, destacamos la introducción de medidas de apoyo a las víctimas de discriminación.

Además, como entidad miembro de la Alianza contra la Segregación Escolar, junto a Save The Children y CERMI, hemos impulsado el reconocimiento de la segregación escolar como una forma de discriminación, y nos felicitamos por el hecho de que finalmente, tras la aprobación de una enmienda en el Senado, la ley defina la problemática de segregación escolar, cuestión que afectan gravemente a las personas gitanas, y que contemple poner en marcha medidas para prevenirla.

Por último, valoramos la referencia de la incorporación al currículo educativo el conocimiento y respeto de la historia del Pueblo Gitano.

A pesar del importante avance que supone la ley, lamentamos que se queden sin abordar de manera más adecuada cuestiones como la protección y reparación de las víctimas, que no se desarrollan adecuadamente las medidas o instrumentos para garantizarlas. Además, la ley contempla un régimen de infracciones y sanciones para incidentes discriminatorios, pero se plantea de manera ambigua. Así mismo, lamentamos que respecto a la aplicación de perfiles étnicos o raciales por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los agentes de seguridad privada, no haya tampoco una regulación adecuada que erradique y sancione estas conductas.

Desde la Fundación Secretariado Gitano apoyaremos el proceso de implementación de la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, y seguiremos trabajando por la promoción y protección de los derechos humanos de las víctimas de discriminación, así como impulsado políticas y medidas necesarias y adecuadas con el objeto de lograr las garantías para una vida digna para la población gitana.

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