17 de Mayo de 2021
FSG Inclusión Social
La situación provocada por la crisis del Covid-19 ha puesto de manifiesto, y agravado, una realidad persistente en España durante décadas: la existencia de asentamientos y barrios en situación de alta vulnerabilidad, en los que habitan miles de personas en diversidad de situaciones, nacionalidades y orígenes culturales, familias con menores a su cargo, que ven conculcados muchos de sus derechos humanos, que padecen situaciones sistémicas de pobreza, exclusión, discriminación, y de falta de oportunidades. Situaciones que se mantienen y transmiten generacionalmente y que son incompatibles con los estándares de nuestro Estado de Derecho y los estándares internacionales de derecho humanos que España tiene ratificados.
Las escasas respuestas que se han puesto en marcha hasta ahora han sido paliativas y sectoriales, en el mejor de los casos, y la visibilización de la problemática no ha estado exenta de confrontación política por las competencias administrativas o la falta de inversiones y recursos, lo que ha conducido a la dejación por parte de los poderes públicos durante décadas en algunos lugares.
Es por ello que urge el abordaje de la cuestión de fondo que es la existencia estructural de asentamientos y barrios en situación de alta vulnerabilidad en nuestro país que genera una fuerte desigualdad, una clara vulneración de derechos humanos y que muestra la falta de planes consistentes para abordar estas situaciones complejas.
Este documento se propone como marco del que partir para que las distintas administraciones con competencias y de los distintos niveles de responsabilidad del Estado se impliquen en poner en marcha soluciones definitivas, aprovechando las oportunidades políticas y financieras que desde los fondos europeos y estatales existen en la actualidad, como los Fondos de Recuperación y Resiliencia, el Plan Estatal de Vivienda o los fondos FEDER.
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