02 de Febrero de 2021
Plataforma de Infancia
Esta situación pone en riesgo a muchos niños y niñas y provoca una vulneración grave de sus derechos, especialmente en el ámbito de la salud, pero también en otros derechos como el acceso a la educación, a vivir en un entorno adecuado o a la protección. Especialmente grave es en el caso de 20 bebés o de niños y niñas en situación vulnerable, convirtiéndose la necesidad de actuar en una emergencia humanitaria.
Instituciones como el Defensor del Pueblo, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, los relatores especiales de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil o la propia Plataforma de Infancia han trasladado a las diversas instituciones competentes la necesidad de impulsar medidas, tanto urgentes como a largo plazo, para acabar con esta situación, siendo la cuestión más inmediata la necesidad de volver a proveer a las familias de suministro eléctrico.
Las organizaciones firmantes somos conocedoras de situaciones de extrema gravedad y mostramos nuestra perplejidad y preocupación ante la ausencia de medidas suficientes y adecuadas ante el drama humanitario existente.
El Real Decreto Ley 37/2020 aprobado el pasado diciembre es muy claro con respecto a la protección que debe darse a los consumidores vulnerables durante el estado de alarma, prohibiendo el corte de suministro eléctrico incluso en el caso de que no pudieran acreditar la titularidad del contrato de suministro.
Por otro lado, la posible existencia de actividades delictivas en la zona no puede suponer, en ningún caso, un menoscabo de los derechos de los niños y las niñas, ni su culpabilización. Igualmente debe recordarse, ante la existencia de “enganches en precario”, que las personas afectadas han solicitado la posibilidad de tener contratos dentro de la legalidad, pero estos no han sido facilitados ni “se han esclarecido suficientemente las razones que lo impiden o dificultan” como ha trasladado el Defensor del Pueblo. Cabe recordar en este sentido que es un compromiso asumido por todas las administraciones públicas implicadas, a través del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, la garantía de un adecuado suministro de energía eléctrica a todos los ciudadanos de la Cañada Real. Este Pacto fue firmado en mayo de 2017 y dichos compromisos no han sido asumidos ni iniciados.
Hacemos este llamamiento a la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno, los Ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada así como a la empresa suministradora de la energía, Naturgy, para que en el marco de sus competencias hagan efectivas estas demandas.
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