25 de Enero de 2021
FSG Internacional
El Informe recomienda a la Comisión Europea una estrategia integrada de vivienda pública, social y asequible para garantizar el derecho a la vivienda para todos.Por iniciativa del grupo Los Verdes y a través de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, el informe recoge recomendaciones a la Comisión Europea y a los Estados Miembro para adoptar el derecho a una vivienda digna como elemento clave en cumplimiento del Pilar Europeo de Derechos Sociales, instándoles a diseñar iniciativas, financiar y garantizar el acceso a viviendas dignas, accesibles y asequibles. El informe destaca cómo la crisis del COVID y los confinamientos domiciliarios han puesto de manifiesto la grave situación de privación de vivienda, desigualdad de acceso al mercado, falta de condiciones dignas (acceso al agua corriente, temperatura adecuada, espacios mínimos y dignos) que afecta a la población más vulnerable y agrava la discriminación y la pobreza. La población gitana se ve especialmente afectada por condiciones de vivienda indignas, persistencia de la segregación, falta de acceso a servicios básicos y necesidad de políticas públicas, especialmente en el caso de población no sedentaria.
El informe subraya también como la paralización de desahucios durante el período del confinamiento desarrollada en varios países de la Unión ha demostrado que cuando hay voluntad política se puede y debe priorizar la vivienda como un derecho.
En este momento donde los Estados van a planificar tanto los recursos ordinarios europeos a través del Marco Financiero Plurianual, como los extraordinarios del Plan Next Generation EU, el derecho a la vivienda puede ponerse en el centro de las inversiones estatales y europeas, priorizando a la población vulnerable.
En los últimos diez años ha aumentado en un 70% el número de personas sin hogar en la Unión Europea, y un 4% de la población sufre graves carencias de vivienda. El informe urge a la Comisión y los Estados Miembro tomar medidas activas para garantizar el acceso a vivienda digna, accesible y asequible para la población europea a través de tres elementos clave: inversión, transparencia en el mercado y lucha contra la discriminación.
La lucha contra la segregación y la discriminación, que afecta a la población más empobrecida y a comunidades vulnerables como la población gitana, pasa por garantizar el derecho a una vivienda digna, cumpliendo el Pilar Europeo de Derechos Sociales. El futuro Marco Estratégico para la Igualdad e Inclusión de la Población Gitana 2020-2030 aborda como objetivo específico la reducción de infraviviendas y el acceso a saneamiento y agua potable en los países de la Unión, estableciendo indicadores e instando a los países a evaluar su cumplimiento en la siguiente década. Las futuras Estrategias Nacionales para la población gitana serán clave en este sentido.
El informe aprobado por el Parlamento Europeo destaca la necesidad de combatir la segregación espacial, prevenir los desahucios, y establecer áreas de descanso para la población gitana no sedentaria. En este sentido, el informe destaca que la inversión pública es urgente.
La discriminación afecta también a las personas sin hogar, que son criminalizadas. La aplicación de la Directiva Antidiscriminación exige medidas de sanción a los Estados que no la están aplicando y medidas específicas para erradicar el sinhogarismo. La armonización de políticas públicas de vivienda con las Estrategias de Lucha contra la Pobreza, incluyendo la pobreza infantil y medidas como los sistemas de Ingreso Mínimo Vital, permiten poner a las personas y sus derechos en el centro.
Otros colectivos, como el LGTBI también se ven afectados por la discriminación a la hora de acceder a una vivienda. Según un estudio de la FRA, durante los últimos 12 meses personas gays, bisexuales, intersexuales y lesbianas han sufrido discriminación a la hora de acceder a una vivienda, llegando en el caso de las personas trans a un 21%.
Invertir en vivienda social
La diversidad de opciones a nivel europeo respecto a soluciones al problema de escasez de vivienda es muy amplia. Sin embargo, el informe destaca como la vivienda social, pública y cooperativa es menos prevalente y la inseguridad del acceso a la vivienda es mayor en los países europeos del sur y del este.
La inversión pública en viviendas accesibles, los planes de desarrollo urbano que fomenten barrios diversos y refuercen la cohesión social, deberían ser parte integral de la planificación de los Fondos Europeos, como el FEDER, el Fondo Social+, el Fondo para la Transición Justa o los fondos extraordinarios de Next Generation EU.
La financiación europea ofrece una oportunidad en un momento clave. El informe destaca la importancia de incluir en las recomendaciones país, y en la planificación del Semestre europeo, medidas para asegurar el acceso a una vivienda digna, pasando por el control del alquiler, la transparencia de los precios, la preferencia de alquileres a largo plazo y la protección de inquilinos e inquilinas frente a desahucios.
Los planes de recuperación que los países pondrán en marcha con financiación europea durante los próximos seis años apuestan por una transformación del modelo productivo hacia una economía verde e inteligente. La inversión en renovación del parque de viviendas, hacia edificios con mayor eficiencia energética, la lucha contra la pobreza energética y el asegurar viviendas dignas, que reúnan los estándares de temperatura y calidad el aire de la OMS debe ser una prioridad, enfocándose en la población vulnerable. Los hogares deberían dedicar como máximo un 25% de sus ingresos a gasto en vivienda, señala el informe, para lo que el Índice de Precios de vivienda debe ser actualizado y revisado.
Transparencia en el mercado
Factores como el alquiler vacacional, destaca el informe, han provocado la subida de los precios y la especulación inmobiliaria. La Comisión Europea debería propiciar un marco regulatorio para los alquileres vacacionales, con normas proporcionadas y fomentando la transparencia y la información clara para las plataformas de alquiler vacacional.
El endeudamiento por el alto coste de la vivienda ha aumentado, con 80 millones de personas afectadas por costes excesivos de vivienda y un 10% de la población europea empleando más del 40% de sus ingresos en su vivienda.
Una estrategia a nivel europeo permitiría cumplir con los mandatos internacionales de garantizar el acceso a una vivienda digna, poniendo a las personas en el centro de las políticas de inversión y recuperación para la próxima década.
Foto de Kim Van Sparrentak, ponente del Informe.
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