Fundación Secretariado Gitano

Ante la grave situación generada por los cortes de luz en Cañada Real (Madrid) y apoyo al Manifiesto #NadieSinLuz [editar]

• Igualdad y No Discriminación
• Incidencia y defensa de derechos
• Vivienda
• Madrid

Comunicado de la Fundación Secretariado Gitano (18.12.2020)

Ante la grave situación que se ha generado en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real en Madrid, a causa de los frecuentes cortes de luz que se vienen sucediendo desde el pasado 2 de octubre, desde la Fundación Secretariado Gitano (FSG) queremos manifestar lo siguiente, en nuestra condición de entidad social que lleva años trabajando con las familias que viven en Cañada Real a través de un amplio equipo de profesionales, y que lo ha seguido haciendo de manera aún más intensiva desde que se inició la actual crisis:

• Los cortes de luz están provocando unas graves consecuencias en las más de 1.200 familias (4.500 personas, de las cuales 1.800 son niños y niñas) que viven en los sectores 5 y 6 de Cañada Real. Hablamos de personas que están pasando frío en pleno mes de diciembre, no pueden usar ni electrodomésticos ni dispositivos electrónicos para comunicarse o realizar trámites necesarios en su día a día, ni asearse de manera adecuada en un momento de pandemia en el que hay que extremar la higiene. Hablamos de niños y de niñas que, además de sufrir por su especial vulnerabilidad más que nadie las consecuencias de esta falta de suministros, ven afectado su derecho a la educación, por no poder asearse para asistir a las clases presenciales, ni poder conectarse a las clases online o realizar las tareas o asistir a las sesiones de apoyo educativo que impartimos las entidades sociales por la falta de luz. Hablamos, también, de personas enfermas y mayores que necesitan de la electricidad para conectar respiradores para oxigenarse o de sondas por bomba para alimentarse.

• Nos preocupa que esta situación pueda agravarse y empeorar aún más ante la bajada de las temperaturas. Ya hemos visto cómo varias personas, muchas de ellas niños y niñas, se han intoxicado por gas, habiendo llegado a ser hospitalizadas por ello. Las personas que viven allí, después de más de dos meses en esta situación, están experimentando un desgaste emocional que está afectando gravemente a su salud mental.

• Se nos ha trasladado, tanto por parte de las autoridades como de Naturgy, la empresa suministradora, que los cortes se deben a la existencia de plantaciones ilegales de marihuana. Desde la FSG entendemos que hay que hacer cumplir la ley y luchar contra la delincuencia. Ahora bien: la búsqueda de soluciones para esta situación, de grave vulneración de derechos fundamentales, no puede supeditarse a la realización de actuaciones policiales y judiciales. No puede ser que la mayoría de las personas que viven en Cañada Real (muchas de ellas niños y niñas), estén pagando las consecuencias de las actividades criminales realizadas por una minoría.

• Hay que tener en cuenta en este sentido que esta situación supone una vulneración de muchos de los derechos humanos de las personas que la vienen sufriendo, reconocidos tanto en la Constitución Española como en los tratados de derechos humanos, tanto europeos como internacionales, suscritos por España. Nos referimos a los derechos a condiciones de vida digna, a la salud, a la vivienda, a la educación, a la seguridad personal y a no ser sometidas a tratos inhumanos o degradantes.

• Entendemos además que se está produciendo una discriminación racial y étnica indirecta, habida cuenta de que una gran número de las personas que allí viven son o gitanas o de origen migrante. Nos cuesta imaginar una situación similar en un lugar habitado por personas que no pertenecen a estos grupos étnicos o raciales minoritarios. Nos preocupa, además, que algunos medios de comunicación, y hasta representantes políticos, estén aprovechado esta situación para criminalizar a las familias que allí residen, culpándolas de esta situación, partiendo en muchas ocasiones de estereotipos y prejuicios racistas y antigitanos.

Por todo ello, hacemos un llamamiento urgente a todas las partes implicadas, para que aborden esta cuestión con una perspectiva de derechos humanos y de interés superior de la infancia, interpelándolas específicamente a:

• La Comunidad de Madrid, la Delegación de Gobierno en Madrid, los Ayuntamientos afectados (Madrid y Rivas Vaciamadrid), todas firmantes del Pacto Regional para la Cañada Real en 2017, para que, a corto plazo, cumplan con la obligación que asumieron de garantizar los suministros eléctrico y de agua. También les instamos a intensificar el ritmo y los recursos con respecto a los realojos, y el conjunto de medidas que buscan dar una solución a una situación donde los problemas se van acentuando con el paso del tiempo.

• La empresa suministradora, Naturgy, para que en cumplimiento de su responsabilidad social corporativa y de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, colabore con las administraciones responsables para que conjuntamente puedan tomar medidas de restablecimiento de la luz y poniendo en marcha alternativas técnicamente viables para un nuevo tendido eléctrico, que supongan que cada vivienda cuente con su propio contrato y contador.

• Los medios de comunicación, para que sean capaces de mostrar que la Cañada es una ciudad informal, configurada por familias trabajadoras y con una alta proporción de niños y niñas, diversa en sus culturas y composición. Apelamos a sus códigos deontológicos para que no caigan en la simplificación de la problemática, en la generalización de estereotipos racistas y antigitanos, ni en la criminalización del conjunto de su población.

• La ciudadanía madrileña y española en su conjunto, para que se movilice a favor de los y las vecinas de los sectores 5 y 6 de Cañada Real, con el entendimiento de que se trata en su inmensa mayoría de familias, formadas por niños, niñas y personas trabajadoras, que viven a pocos kilómetros de la capital de Madrid y que están atravesando una situación que podríamos calificar de urgencia humanitaria.

La Fundación Secretariado Gitano firma el manifiesto #NadieSinLuz #NoMásCortes (13.01.2021)

Más de 100 organizaciones de todo el Estado hemos registrado esta mañana una petición al Presidente del Gobierno, al Ministerio para la Transición Ecológica y al Ministerio de Derechos Sociales en la que les instamos a que, con carácter inmediato, pongan fin a la interrupción del suministro eléctrico que vienen sufriendo al menos 12 barrios de todo el Estado. Además, criticamos “el posicionamiento de las administraciones públicas del lado de los intereses privados de las compañías eléctricas (Endesa, Naturgy u otras), rindiéndose ante un discurso simplista, desoyendo sus obligaciones con la ciudadanía y alejándose de la protección de los derechos fundamentales”.

Las organizaciones señalamos que “las compañías eléctricas dejan sin suministro de manera permanente o repetitiva a distintos puntos del territorio español, como a La Cañada Real (Madrid), el Distrito Norte (Granada), Font de la Polvora (Girona), El Puche, La Chanca y El Quemadero (Almería), de Sant Roc (Badalona), el Polígono Sur, El Cerro del Águila, El Tardón y Torreblanca (Sevilla) o Culubret (Figueres)”. Mientras tanto, las compañías aumentan sus beneficios millonarios, suben el precio de la luz un 27%, son señaladas por posibles violaciones de derechos humanos en Latinoamérica y cientos de familias son privadas de sus derechos fundamentales al carecer de suministro.

Las organizaciones adviertimos que “las administraciones públicas asumen y comparten el discurso de las eléctricas, vinculando de manera vaga y generalizada la ausencia de suministro con el cultivo de marihuana”. En este sentido, criticamos que “las eléctricas tienden a criminalizar y responsabilizar a los vecinos y vecinas de estos barrios, dejando al margen del discurso factores como la ausencia o antigüedad de las infraestructuras eléctricas en estas zonas o su obligación de garantizar un servicio a sus clientes”. Por ello, sostenemos que “la explicación real de los cortes de luz exige una mirada más amplia de la que se está mostrando, pero criminalizar a todas las personas que sufren los cortes de luz es una bomba de relojería social, y resulta profundamente injusto y estigmatizador”.

De este modo, destacamos que el Defensor del Pueblo se ha pronunciado varias veces al respecto de los argumentos expuestos por las compañías eléctricas y las administraciones, expresando que resultan “falaces y peligrosos, pues victimizan a la mayoría de las personas afectadas e incurren en aporofobia”. Por ello, Fernández Marugán ha hecho un llamamiento a la responsabilidad institucional para tratar este asunto con un enfoque más veraz y respetuoso con la dignidad de todos. Del mismo modo, recordamos que recientemente distintos expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas afirmaron que “la falta de electricidad no sólo viola el derecho de la infancia a una vivienda adecuada, sino que tiene un efecto muy grave en sus derechos a la salud, a la alimentación, al agua, al saneamiento y a la educación”.

Sin embargo, “a pesar de la crítica situación en la que se encuentran miles de familias por los continuos cortes de suministro eléctrico, las administraciones públicas siguen sin preocuparse por la salud, la vida digna y el bienestar de las familias de estos barrios”. En su opinión, el papel de las administraciones pasa por garantizar que “todas las personas tienen derecho a una vida digna, lo que incluye el acceso a los suministros básicos de energía eléctrica. El resto de situaciones deben ser tratadas en su complejidad de forma separada: la vulnerabilidad socioeconómica, la ausencia de perspectivas laborales para parte de la población y el cultivo de marihuana, todos temas difíciles y que exigen un abordaje profundo y multidimensional”.

Las organizaciones de infancia demandan una respuesta urgente en la Cañada Real (02.02.2021)

Las organizaciones firmantes demandan una respuesta urgente ante la vulneración de derechos que se viene sufriendo desde hace más de 100 días en los sectores V y VI de la Cañada Real Galiana. La falta de suministro eléctrico que llevan sufriendo los más de 1.800 niños y niñas que viven en estos asentamientos se ha traducido en un empeoramiento extremo de sus condiciones de vida, que se ha visto seriamente agravado por la alta incidencia de la pandemia, así como las frías temperaturas del invierno.

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