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Pobreza, paro y desprotección social, el contexto en el que viven gran parte de las personas gitanas [editar]

La crisis del Covid-19 agrava la situación de las familias

29 de Noviembre de 2020
FSG

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La comunidad gitana (más de 750.000 personas en España) es muy diversa, con situaciones socio económicas muy variadas. Hoy en día, podemos encontrar personas gitanas en todos los perfiles profesionales y esa diversidad de ocupaciones ha avanzado mucho en las últimas décadas.

Pero pese a esos avances, la realidad es dura y compleja: la mayoría de las personas gitanas viven en un contexto generalizado de pobreza. “Olvidado por los formuladores de políticas, sufren el impacto de la discriminación estructural y experimentan tasas de pobreza desproporcionadas”, en palabras del Relator Especial de Pobreza Extrema y Derechos Humanos de Naciones Unidas en su última visita a España.

Según el Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza que publicó la FSG en 2019, el 86% de las familias gitanas se encuentra bajo el umbral de la pobreza y casi la mitad de los hogares padece situaciones de extrema pobreza –con ingresos inferiores a 310€–, con una tasa de pobreza infantil del 90%.

El retrato de su situación laboral dibuja un panorama de profunda desigualdad: baja participación en el mercado por cuenta ajena; altas tasas de temporalidad y precariedad; gran brecha en la ocupación; déficit alarmante de formación o una marcada brecha de género que relega a las mujeres a un segundo plano.

Son muchas las barreras que impiden el acceso de las personas gitanas para ejercer su derecho a un empleo digno. Aquí algunos datos que lo evidencian:  La población gitana es más joven que el conjunto de la población española y tiene menor formación: solo el 17% de las personas gitanas adultas cuenta con estudios de Secundaria Obligatoria, frente al 77% de la población mayoritaria. Si se compara la media de las personas gitanas con la del conjunto de la sociedad se observa una fuerte brecha en cuanto a ocupación y paro. El 27% de la población gitana adulta está ocupada, frente al 50%. El paro es tres veces superior. El porcentaje de ni-nis llega al 63% entre los jóvenes gitanos, frente al 15% de la media.

Cuestión de derechos

Estos datos muestran las barreras que impiden a las personas gitanas el ejercicio de sus derechos económicos y sociales: el derecho a una educación y el derecho al trabajo. La vulneración de estos derechos perpetúa la pobreza. “Los funcionarios del gobierno reconocen que la situación para muchas personas gitanas es grave, pero me llama la atención la falta de urgencia con la que aceptan que partes enteras de la población han sido relegadas a un Estado de tercera clase sin acceso a los derechos a los que tienen derecho”, subrayó el Relator especial de ONU tras su visita a España.

Discriminación en el acceso al empleo

La desigualdad y la falta de oportunidades se ve agravada por un trato discriminatorio y por actitudes de rechazo muy arraigadas en la sociedad que atentan contra la dignidad de las personas, condicionan su futuro y dificultan su acceso a la contratación. El 39% de los hombres y mujeres gitanas sienten haber sido discriminados en diferentes situaciones vinculadas al empleo, muchos de ellos en entrevistas de trabajo. Y lo que es peor, se han producido muy pocos avances en la lucha contra la discriminación en el ámbito laboral, según se constata en  diferentes estudios.

Joven participante del programa de empleo Acceder
Joven participante del programa de empleo Acceder

Situación agravada por la crisis del Covid-19

La precaria situación sociolaboral de la población gitana se ha visto agravada con la crisis del Coronavirus. Según la encuesta de la FSG realizada a finales de marzo Impacto de la crisis del Covid-19 sobre la población gitana en la que participaron 11.000 personas, solamente el 14% estaba trabajando por cuenta ajena; y el 64% estaba desempleada. La situación de dos terceras partes de las personas gitanas asalariadas había empeorado con la declaración del estado de alarma: un tercio perdió su trabajo; otro tercio fue incluida en ERTE y un 12% vio reducida la jornada. Un 58% de las personas desempleadas no cobraba ningún tipo de prestación y se encontraba en situación de desprotección.

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