01 de Abril de 2020
FSG
El Director general de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez, ha mantenido esta mañana una conversación telefónica con la Reina Letizia, interesada en conocer la situación de la población gitana ante la crisis del Covid-19. Desde la FSG se le ha informado de la grave situación que atraviesan muchas familias gitanas y de las propuestas de medidas de urgencia que la entidad ha enviado a los poderes públicos. La Reina Letizia se ha interesado especialmente por los niños y niñas gitanos, por su situación educativa, por las familias más pobres y vulnerables, así como por el problema de imagen social, entre otros temas.
En la conversación telefónica de más de media hora mantenida la mañana del 1 de abril entre la Reina Letizia y el director general de la FSG, Isidro Rodríguez, éste ha trasladado a su majestad la preocupación sobre cómo está afectando la crisis sociosanitaria a muchas familias gitanas afectadas por una fuerte desigualdad e informado de las propuestas de medidas de urgencia que la entidad ha enviado estos días a los diferentes poderes públicos.
Por su parte, la Reina Letizia, en un tono muy cercano, preocupado y amable, se ha interesado especialmente por la situación educativa, en general y en concreto en esta crisis, de los niños y niñas gitanos y de los planes en marcha para conseguir paliar la brecha educativa y digital y “que nadie se quede atrás”. La Reina se interesará a través de la Secretaria de Estado de Derechos Sociales sobre cómo evoluciona esta situación, y también emplazó al Director de la FSG para una nueva conversación dentro de unas semanas para una nueva valoración.
Como profesional del periodismo, Doña Letizia también manifestó su preocupación por la cuestión de la imagen social, aspecto sobre el cual el director de la FSG comentó las distintas acciones que se están realizando con los principales medios de comunicación.
La crisis del Covid-19 está situando a amplias capas de la población gitana española en una seria desprotección. Si bien en un primer momento la prioridad desde las autoridades sanitarias y entidades sociales ha sido informar y promover medidas de prevención y contención entre la población gitana, tras la declaración del Estado de Alarma, estamos ante un nuevo escenario en el que se combinan nuevos riesgos sociales que se suman a la previa situación de alta vulnerabilidad social que arrastra esta población.
Nos preocupa especialmente cómo está afectando la crisis sociosanitaria en muchas familias gitanas afectadas por una fuerte desigualdad:
Más de 9.000 familias gitanas con menores (unas 47.000 personas) continúan viviendo en infraviviendas y, de ellas, más de 2.200 en chabolas y entornos segregados altamente degradados. Son espacios donde hay escasa protección sanitaria, que no cuentan con los servicios ni recursos públicos de salud que puedan prevenir y contener el Coronavirus. Son entornos, además, donde la situación de salud de las personas, por el riesgo sanitario del entorno, conlleva patologías previas y, por tanto, son población de alto riesgo.
En estos contextos, estas familias están viviendo ya una situación de emergencia social por la falta de alimentos y de productos de primera necesidad, como medicamentos o productos higiénicos. Por otra parte, los suministros básicos de agua, luz, gas, etc., no siempre están garantizados, por lo que la atención a estas familias debe ser una prioridad.
El Gobierno publicó el 27 de marzo un Documento Técnico de Recomendaciones de Actuación de los Servicios Sociales ante la Crisis por COVID 19 en Asentamientos Segregados y Barrios Altamente vulnerables, una medida que reclamábamos y que nos parece especialmente acertada, pero que está chocando con dificultades en la aplicación principalmente por falta de flexibilidad y de rapidez en la tramitación de las ayudas por parte de los servicios sociales municipales.
El 47% de las personas gitanas ocupadas lo hacen por cuenta propia y, en su inmensa mayoría, en la venta ambulante. El cierre de los mercadillos y la imposibilidad de realizar otras actividades (como la recogida de materiales, la venta de fruta u otras que procuraban algún ingreso diario) debido al Estado de Alarma, ha cortado en seco cualquier posibilidad de generar ingresos a las familias.
Por otra parte, las medidas anunciadas por el Gobierno para aliviar la situación de los trabajadores autónomos excluyen a buena parte de los vendedores ambulantes, bien porque se encuentran en un régimen distinto a los autónomos (en la mayoría de casos en cooperativas), o bien por los criterios establecidos para la percepción de ayudas (por ejemplo, deben estar al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social). Desde la FSG estamos intentando que la Seguridad Social establezca una moratoria en el pago de las deudas, de manera que no se impida a estas familias el cobro de la prestación por cese de actividad hasta que finalice el Estado de Alarma.
La pobreza afecta a la población gitana de manera desproporcionada; una población que aún no se había recuperado de los embates de la crisis de 2008 y donde la pobreza y la exclusión social tienen una mayor incidencia: el 86% está por debajo del umbral de la pobreza, un 46% de hogares en extrema pobreza y la tasa de pobreza infantil asciende al 89% (un 51% de pobreza infantil extrema).
En contra de la imagen generalizada sobre las familias gitanas como perceptoras de prestaciones sociales, buena parte no perciben ingresos de los programas de rentas mínimas (sólo el 32% de los hogares gitanos muy pobres la perciben). Todo ello hace que las familias que hasta ahora sobrevivían con la venta ambulante entren en una situación de desamparo y desprotección. Esperamos que se concrete el anuncio del Gobierno de establecer un “ingreso mínimo” para aquellas personas que no reciben otro tipo de prestación. Mientras tanto sigue siendo imprescindible que se activen medidas urgentes de entrega de alimentos o de ayudas económicas de emergencia.
Nos preocupa también cómo está afectando la crisis a la imagen social de la comunidad gitana. Desde que se inició, hemos detectado graves casos de discriminación. La mala imagen que persiste en España sobre las personas gitanas, reforzada por el hecho de que algunos medios de comunicación realicen menciones expresas a la etnia cuando se ha producido el contagio entre familias, ha incidido en la asimilación como cierta de que las personas gitanas son las culpables de la propagación del Coronavirus. Estas situaciones discriminatorias no han estado exentas de insultos, comentarios despectivos, negación de acceso a servicios públicos y privados como supermercados o farmacias, discurso de odio en redes sociales, etc., generando una atmósfera de discriminación y rechazo que se suma al dolor que están sufriendo las personas por la pérdida de seres queridos o por la situación de penuria que muchos atraviesan. Nuestra Fundación se está dirigiendo a numerosos medios de comunicación señalando las malas prácticas en las que han incurrido y apelando a su responsabilidad social.
En estas condiciones, desde la Fundación Secretariado Gitano nos hemos dirigido a diferentes instancias del Gobierno (Secretario de Estado de Derechos Sociales, Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Director General de Derechos de la Infancia y adolescencia, Alto Comisionado para la Pobreza Infantil), así como de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, para hacerles llegar una serie de medidas sociales y pedir su aplicación urgente:
Desde la aprobación del paquete de ayudas sociales por parte del Gobierno (R.D. Ley de 18 de marzo) hemos llevado a cabo un llamamiento a contar con orientaciones claras para las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos sobre la urgencia y las prioridades en el reparto de ayuda alimentaria y económica, orientando esa ayuda de manera prioritaria a las familias que viven en asentamientos y barrios más vulnerables. El 28 de marzo, el Gobierno publicó el Documento técnico de Recomendaciones de actuación de los Servicios Sociales en los asentamientos y barrios altamente vulnerables, dando así respuesta a una de nuestras propuestas y recogiendo en dicho documento las actuaciones que corresponden a los Servicios Sociales municipales para garantizar unos mínimos de bienestar a las familias y barrios más vulnerables. En estos momentos estamos trabajando para colaborar estrechamente con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en la aplicación de estas Recomendaciones, ofreciendo nuestros recursos, tanto humanos como técnicos, para su puesta en marcha inmediata.
Creemos que es imprescindible que se desarrollen las Recomendaciones establecidas en dicho documento y que básicamente son:
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