Fundación Secretariado Gitano

La Plataforma DESC España insta a nuestro Gobierno a asegurar medidas de protección integral de los Derechos Humanos y de la salud pública frente a la pandemia del COVID-19 [editar]

• Incidencia y defensa de derechos
• Estatal

Para todas las personas y las instituciones esta situación está suponiendo desafíos extraordinarios en el cada día, de forma especial en nuestros sistemas sanitarios y las necesarias medidas de prevención y seguimiento de la enfermedad; en las consecuencias económicas y sociales que conlleva, y además, para los sistemas de protección de los DDHH en sistemas democráticos como el nuestro.

Desde la Plataforma DESC España queremos poner el foco en que las repercusiones personales, familiares y sociales de las medidas especiales que se están tomando, tengan el menor impacto posible y un alcance limitado de regresividad en el acceso a sus derechos. Siguiendo las recomendaciones de órganos internacionales de Derechos Humanos: deben tutelarse los derechos de todas las personas que se vean afectadas por las medidas de contención que se impongan, especialmente aquellas cuya subsistencia peligre al someterse a un régimen de cuarentena, por la pérdida de sus ingresos, amenazas a sus necesidades vitales básicas, riesgo de ser desalojadas o ausencia de redes institucionales de apoyo.

Y con las siguientes claves:

• Cualquier medida que se tome ha de estar justificada desde un enfoque de DDHH con el debido análisis de impacto de los mismos, así como la más eficiente utilización de los máximos recursos disponibles.
• Adopción de medidas mixtas legislativas y de políticas públicas a corto y a mediano plazo. Es fundamental tener presente la necesaria y lenta recuperación postcrisis que deberán afrontar miles de familias.
• Coordinación territorial y temática, junto con todos los agentes implicados (Administraciones públicas, entidades sociales, empresas, entidades financieras, asociaciones de personas afectadas, sindicatos, investigadores…)
• Deber de atención especial sobre grupos en situación de vulnerabilidad (sanitaria, social, económica, cultural, judicial…)
• Obligación de debida diligencia con los derechos de las mujeres.

Toda la sociedad está implicada en la responsabilidad de que “nadie se quede atrás” y nuestros gobernantes son los garantes de que ese objetivo pueda ser cumplido.

← VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL DE ACTUALIDAD