23 de Octubre de 2019
FSG
Hoy se celebra un juicio contra el dueño de un bar de Valladolid y una de sus camareras por negar el acceso a un grupo de jóvenes gitanos. Los hechos se remontan a enero del año 2017, cuando se negó el acceso de entrada a un bar a dos jóvenes de etnia gitana. La razón que les dieron fue que “por orden de mi jefe no se permite entrar a gitanos, por miedo a que el negocio pierda clientela". Un año antes se había producido en el mismo bar un caso similar con otro joven de etnia gitana, a quien le dijeron “no te puedo atender, por orden de mi jefe no puedo servir a gitanos".
Los jóvenes expusieron el caso a la Fundación Secretariado Gitano, organización que decidió llevar adelante la denuncia ante los tribunales como litigio estratégico, y acompañar a las víctimas durante todo el proceso. La FSG presentó denuncia a la Fiscalía Provincial de Delitos de odio y discriminación de Valladolid, que realizó una investigación preliminar que le llevó a concluir que había indicios de delito. Por este motivo, el procedimiento se trasladó al Juzgado de Instrucción de Valladolid, que instruyó los hechos y remitió el procedimiento al Juzgado de lo Penal para que los juzgara.
La denegación de acceso a bienes y servicios en el ámbito privado es un delito de discriminación que se recoge en el artículo 512 del Código penal. Este artículo se encuentra recogido entre los delitos contra el ejercicio de los Derechos Fundamentales de las personas, ya que afecta a derechos como son el derecho a la Igualdad y la Dignidad de las personas, recogidos en los artículos 14 y 10 de la Constitución española. Al fin y al cabo, cuando se impide a una persona el acceso a un local por su origen étnico, se le está impidiendo ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y como ciudadano o ciudadana de pleno derecho.
Estas conductas también vulneran la normativa administrativa referente al derecho de admisión, que establece que este no puede implicar un trato vejatorio, arbitrario o discriminatorio. La denegación de acceso a locales atenta contra derechos fundamentales como son la Igualdad y no discriminación y la dignidad de las personas. Los delitos de denegación arbitraria de acceso a un local hacia las personas gitanas se producen por una conducta discriminatoria antigitana.
Desde la Fundación Secretariado Gitano consideramos que estas conductas deben ser abordadas desde un enfoque de derechos humanos, que trascienda la sanción por infracción y tenga en cuenta el impacto que estas conductas tienen en las personas. La FSG no lleva a la vía penal todos los casos, pero sí aquellos que considera más graves o reiterados, como es este. “En aquel momento nos sentimos humillados y avergonzados, no entendemos como en el siglo XXI se nos trate así por ser gitanos”, ha manifestado uno de los jóvenes gitanos víctima de la discriminación.
“Desde la FSG valoramos muy positivamente la celebración de este juicio porque envía un mensaje claro a quienes no permiten la entrada a sus locales por una motivación antigitana, algo que tiene un impacto directo en los derechos de las personas y en su dignidad”, ha afirmado Mar Fresno, Directora Territorial de la FSG en Castilla y León. Los jóvenes han manifestado: “queremos ir a juicio, no como venganza, sino para ver si se hace justicia. No queremos que estos hechos se vuelvan a repetir”.
Este suceso no es un caso aislado; desde la FSG se detectan al año más de 40 casos en el acceso y disfrute a bienes y servicios en el ámbito privado, por lo que se concluye que esto no es más que la punta del iceberg de un fenómeno discriminatorio que ocurre con frecuencia en muchos lugares de España a hombres y mujeres gitanos (en piscinas, discotecas, bares, etc.). Por lo tanto, con este caso no sólo se pretende que se otorgue justicia a los jóvenes que fueron discriminados, sino que toda la ciudadanía tome conciencia del impacto que tienen estos hechos en las víctimas y que los responsables de locales de restauración y de ocio sepan que esta clase de conductas son ilegales y discriminatorias.
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