19 de Julio de 2019
Subdirección de Incidencia y Defensa de Derechos
Desde la Fundación Secretariado Gitano hemos participado en el proceso de contribuciones al EPU (Examen Periódico Universal), un mecanismo de seguimiento sobre la situación de los derechos humanos por el que pasan todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, y que está auspiciado por el Consejo de Derechos Humanos
España será objeto de examen en la 35ª sesión del Consejo, entre enero y febrero de 2020. Previamente, tanto el Gobierno como otros actores relevantes, presentan sus informes sobre la situación de los derechos humanos en el país para el análisis de los grupos de trabajo.
La FSG ha presentado aportaciones tanto al informe del Gobierno, vía Oficina de Derechos Humanos, como directamente a Naciones Unidas, a través de un proceso abierto también a la sociedad civil y cuyo plazo terminó el 18 de julio. Además, como miembros de otras Plataformas, también hemos participado de sus propios informes, como la Plataforma de Infancia y la Plataforma DESC.
Desde la FSG nos parece imprescindible participar en espacios y mecanismos establecidos por organismos internacionales como Naciones Unidas para defender los derechos de las personas gitanas.
En nuestra contribución a Naciones Unidas hemos explicado los avances que se han producido desde el último Examen en 2015, tanto en términos políticos, normativos como institucionales, pero también subrayamos los retos pendientes, incidiendo especialmente en que se recoja la protección del derecho a la educación del alumnado gitano, garantizando que todos los niños y niñas gitanas terminan, al menos, la educación secundaria obligatoria, y combatiendo la segregación escolar; el derecho a la no discriminación de las personas gitanas, con la necesidad urgente de ampliar el marco normativo con una Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación; mostrando la grave desigualdad que sufren las personas gitanas en términos de pobreza y exclusión social y que demuestra que el origen étnico sí condiciona la situación de desigualdad y desventaja socioeconómica; o el derecho a una vivienda digna, erradicando el chabolismo y reduciendo la infravivienda, entre otros.
Esperamos que las Recomendaciones posteriores del Consejo de Derechos Humanos al Gobierno de España incluyan estos temas.
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