Fundación Secretariado Gitano

El Informe anual del Defensor del Pueblo se preocupa por la segregación escolar del alumnado gitano [editar]

• Igualdad y No Discriminación
• Estatal

El Informe manifiesta que la visibilización de la situación de la comunidad gitana en España es una de las cuestiones centrales para el Defensor del Pueblo, y señala la segregación escolar y el perfil étnico policial como dos problemas preocupantes.

Esta semana el Defensor del Pueblo ha presentado su Informe Anual. En el apartado sobre igualdad de trato, la actuación del Defensor del Pueblo se ha dirigido a la supervisión del cumplimiento por parte de los poderes públicos de la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. 

Valoramos que el informe haya decido que “La visibilización de la situación de la comunidad gitana en España es una de las cuestiones centrales para esta institución”. Por este motivo, con motivo de la celebración del día del pueblo gitano, el Defensor del pueblo visitó el CEIP Albolafia de Córdoba, un centro escolar de educación infantil y primaria en el que la mayor parte de sus alumnos son de etnia gitana. De esta forma se quiso visibilizar la necesidad de adoptar medidas para la erradicación de la segregación escolar, que aún padecen muchos de estos niños y niñas en España. 

El informe indica que se prosiguen las actuaciones de supervisión de las medidas adoptadas por las distintas administraciones para luchar contra la agrupación del alumnado gitano en centros educativos concretos. Para la Fundación Secretariado Gitano (FSG) se trata de una situación preocupante que supone una discriminación de facto, lo que se traduce en una baja calidad educativa que afecta el derecho a la educación de muchos niños y niñas gitanas.

Una vez más, la Administración insiste en la imposibilidad de facilitar datos estadísticos de origen étnico, alegando las limitaciones legales existentes para recabar datos sobre el origen étnico del alumnado. Las actuaciones continúan abiertas y se ha solicitado una reunión con las entidades promotoras de la queja sobre segregación escolar (entre ellas la FSG) y la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional (12012809). 

Han continuado las actuaciones con relación a la preocupación manifestada por una coordinadora de asociaciones gitanas por los contenidos y el tono utilizado en el reportaje «Vecinos en pie de guerra», emitido el 25 de noviembre de 2016, dentro del programa Teleobjetivo que emite Radio Televisión Española. Según el Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, tras el visionado del programa y el análisis de su contenido se consideró que existían elementos suficientes para entender que podían ser constitutivas de discriminación racial o étnica, pudiendo incidir en la generalización de una imagen negativa de la minoría gitana. En el próximo informe anual se dará cuenta de las medidas adoptadas por dicho servicio. La Fundación Secretariado Gitano, como coordinadora de este Servicio, realizó varias gestiones de queja a RTVE, quien respondió que publicaría una rectificación en sus informes trimestrales, pero hasta el momento no lo ha publicado. 

Como en ejercicios anteriores, han continuado las actuaciones relativas a los controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales, en especial en la vía pública. Aunque el Informe no lo indica de forma explícita, este tipo de controles afectan especialmente a las personas gitanas. 

El informe indica que prosigue la investigación por las vejaciones sufridas por un grupo de mujeres gitanas que ejercían la mendicidad en la Plaza Mayor de Madrid, por parte de los seguidores de un club de fútbol de origen holandés. El informe indica que aún no han terminado el proceso de investigación con las autoridades holandesas. La Fundación Secretariado Gitano (FSG) realizó una denuncia a la Fiscalía sobre este incidente, quien solicitó un año de prisión para cada hincha. Asimismo la Embajada de Países Bajos se disculpó públicamente por este hecho. Las autoridades holandesas identificaron a los autores y el PSV les impuso la prohibición de visitar el campo de fútbol durante 3 años.