22 de Marzo de 2018
Comunicación
España pasa su sexto examen ante el Comité DESC de naciones Unidas el 21 y 22 de marzo. Esta evaluación del cumplimiento de las obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales corresponde al período 2012-2016. La Plataforma DESC, compuesta por entidades de la sociedad civil y entre las que se encuentra la Fundación Secretariado Gitano, estará presente en este examen. Una comisión de la Plataforma ha viajado a Ginebra donde se reunirá, con los integrantes del Comité para darles a conocer los resultados del informe.“Las políticas económicas y sociales, los cambios legislativos y la inacción de los poderes públicos en otros casos, lejos de garantizar los derechos humanos, han generado inequidad, discriminación y desprotección en una gran parte de la población”. Esta es la principal conclusión del informe que la Plataforma DESC presentará en Ginebra ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) y que adelantó en el Congreso de los Diputados, el día 20. Un centenar y medio de organizaciones apoyan este documento.
Previo a su viaje a la ciudad suiza, la Plataforma DESC celebró una jornada de presentación de su informe en el Parlamento español, en la que puso de manifiesto tanto la importancia de cumplir con las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas como el grave retroceso de los derechos económicos, sociales y culturales en nuestro país.
En este acto, Gabriela Jorquera, portavoz de la Plataforma DESC, insistió en que España no está respetando el contenido mínimo de los derechos incluidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “Esto está afectando de manera más intensa a los grupos que se encuentran en situación de mayor discriminación: personas migrante y refugiada, comunidad gitana, personas con discapacidad, personas LGTBI y personas sin hogar”, declaró.
El informe de la Plataforma, mediante un exhaustivo examen de los artículos contenidos en el Pacto, muestra claramente como las medidas de austeridad -de carácter fuertemente restrictivo- que se han adoptado en el contexto de la crisis económica y financiera no han garantizado los derechos humanos de gran parte de la ciudadanía.
En la revisión de 2012, el Comité hizo una serie de recomendaciones a España que los poderes públicos han incumplido de forma sistemática. “La falta de consideración del Gobierno ante estas y otras recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas muestran un talante poco receptivo en lo que al respeto de los derechos se refiere”, subrayó Jorquera.
Un gran número de las recomendaciones emitidas, tanto por los mecanismos de Naciones Unidas como por la Plataforma DESC, interpelan directamente al Parlamento al demandar al Estado español que adapte su legislación al contenido del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La Plataforma DESC señala la existencia, sin embargo, de obstáculos en la Constitución y en la tramitación de proposiciones de ley en una legislatura bloqueada por el veto del gobierno y las relaciones de poder. A esto hay que añadir un Tribunal Constitucional que obstaculiza cualquier intento de las Comunidades Autónomas por avanzar en legislaciones que garanticen los derechos humanos.
Además, la falta de justiciabilidad -la imposibilidad de acudir a los tribunales ante la vulneración de los derechos sociales, económicos y culturales- fue señalada también por dos de los ponentes de la jornada, José Ricardo de Prada Solaesa, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. Ambos juristas destacaron la necesidad de que España aplique aquellos tratados y convenios internacionales que ha suscrito. “Es muy fácil firmar textos internacionales. La gran dificultad es hacerlos efectivos. ¿Y cómo se hace esto? Garantizando que se pueda acudir a los tribunales nacionales ante su incumplimiento”, defendió Martín Pallín.
En la jornada participaron representantes de los diferentes grupos parlamentarios, Iñigo Allí, de UPN, Enric Bataller, de Compromis, Isabel Franco, de Unidos Podemos, Carlota Merchán, del PSOE, Joan Olòriz de ERC. Excusaron su asistencia el PDCAT, Partido Popular, Ciudadanos y EH-Bildu.
La Plataforma pidió la creación de un intergrupo que dé seguimiento y vigile el cumplimiento de las recomendaciones que emita el Comité DESC. “El Parlamento debe implicarse activamente y hacer efectivas las recomendaciones que los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas hacen al Estado español”, señaló la portavoz de la Plataforma. “Este compromiso de nuestros representantes electos es todavía más urgente ahora que nuestro país forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
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