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La adopción del Pilar Europeo de Derechos Sociales debe servir para reducir las desigualdades y garantizar la cohesión social [editar]

Un compromiso de convergencia de las políticas sociales de los Estados miembros, que reconoce el valor de los derechos sociales para generar crecimiento económico.

17 de Noviembre de 2017
FSG

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La adopción del Pilar Europeo de Derechos Sociales debe servir para reducir las desigualdades y garantizar la cohesión social

Desde la FSG valoramos positivamente la adopción de este nuevo Pilar Social Europeo y el planteamiento general que hace, abordando de manera integral los distintos aspectos que pueden garantizar el derecho fundamental a una vida digna y a una participación plena en la sociedad. Sin embargo, vemos algunos riesgos respecto al peso real que se le dé a determinados principios sobre otros, y respecto a cómo se va a garantizar que estos principios se aplican a todos los ciudadanos y ciudadanas sin ahondar en las desigualdades ya existentes.

Hoy, viernes 17 de noviembre, la ciudad sueca de Gotemburgo acogerá la celebración de la Cumbre Social para Empleos Justos y Crecimiento, donde los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros, junto a representantes de las instituciones europeas, proclamarán de manera solemne el Pilar Europeo de Derechos Sociales, una iniciativa que pretende establecer unos estándares comunes en términos de objetivos sociales dentro de la Unión Europea (UE).

La adopción del Pilar Europeo de Derechos Sociales llega tras una fuerte crisis económica y social que ha afectado a todos los Estados miembros de la UE, aunque de manera desigual. La primera reacción de la UE ante la crisis fue priorizar la disciplina presupuestaria, el aumento de la competitividad y el crecimiento económico. El aumento del desempleo, especialmente en algunos Estados miembros, y las medidas de austeridad impuestas, que se tradujeron en muchos casos en recortes presupuestarios en políticas sociales, han conducido al aumento de la pobreza y a un evidente incremento de las desigualdades sociales. Todo ello ha generado una sensación de que la UE no ha sabido proteger a la ciudadanía frente a las adversidades económicas. No es de extrañar, por tanto, que estas decisiones hayan producido un incremento de la desafección hacia el proyecto europeo, pero también han contribuido al aumento del malestar social y de las tensiones internas.

La propuesta de un Pilar Europeo de Derechos Sociales, que pretende establecer unos estándares comunes en términos de objetivos sociales dentro de la UE (en realidad, solo para la zona Euro) llega tarde, pero es bienvenida. Las políticas sociales se mantienen en gran medida dentro de las competencias nacionales, sin armonización o coordinación a nivel europeo, lo que significa que hay niveles muy diferentes de protección social y para el empleo. Y así seguirán en buena medida, ya que el Pilar Social nace con debilidad al carecer de efectos vinculantes para los Estados miembros. Se trata de un compromiso político de convergencia de los estándares sociales de la UE, un paso importante, aunque claramente insuficiente.  El primer gran riesgo que tiene que evitar la UE es que se produzca una “convergencia a la baja”, es decir, que no sean aquellos Estados miembros con sistemas de protección más bajos quienes marquen el ritmo de aplicación de los derechos sociales.

Este nuevo instrumento pone en valor el papel de los derechos sociales para contribuir al crecimiento económico y la generación de riqueza en la UE. El contenido del Pilar se define en veinte principios, divididos en tres categorías: la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado laboral; condiciones de trabajo justas; y protección social adecuada y sostenible.

Desde la FSG valoramos positivamente la adopción de este nuevo Pilar Social Europeo y el planteamiento general que hace, abordando de manera integral los distintos aspectos que pueden garantizar el derecho fundamental a una vida digna y a una participación plena en la sociedad. Sin embargo, vemos algunos riesgos respecto al peso real que se le dé a determinados principios sobre otros, y respecto a cómo se va a garantizar que estos principios se aplican a todos los ciudadanos y ciudadanas sin ahondar en las desigualdades ya existentes.

Así, puede ser un riesgo el excesivo peso en el empleo y en la empleabilidad de las personas que tiene el Pilar, dejando en un lugar secundario las medidas de protección social y lucha contra la pobreza y la exclusión social. Aunque el empleo sigue siendo una palanca importante para la inclusión social de las personas, no resuelve todos los problemas sociales, y no es suficiente para proteger a las personas frente a situaciones de crisis. Hay personas que tienen muy difícil el acceso al actual mercado de trabajo, y que probablemente no entrarán, o no lo harán en algún momento de sus vidas. Y por otra parte, el acceso al mercado laboral no garantiza por sí solo unos ingresos suficientes para una vida digna. Por eso es imprescindible el peso que se le dé en el Pilar a las medidas de protección social.

En el empleo, la prioridad debe estar en la creación de empleos de calidad y sostenibles, contratos seguros y con garantías, y no tanto en la flexibilidad que promueve la Comisión, y que sabemos que conduce a empleos de baja calidad. La flexibilidad laboral puede favorecer el equilibrio entre la vida laboral y personal, pero una buena parte del empleo a tiempo parcial es involuntario. Unos estándares comunes respecto a las condiciones salariales y laborales que dignifiquen el empleo son imprescindibles.

Otro potencial riesgo es que la educación se enfoque únicamente como un medio para acceder al mercado laboral, y no como lo que debe ser, una herramienta para el desarrollo personal y social, que contribuye a la igualdad de oportunidades y a la cohesión social. Para ello, la educación debe ser inclusiva y adaptada a las necesidades de cada persona, especialmente de aquéllas más vulnerables. La adopción del Pilar debería garantizar una adecuada inversión en educación en todos los Estados miembros, teniendo en cuenta el impacto positivo de la inversión en educación sobre el crecimiento económico.

Nos preocupa igualmente que la igualdad de género se plantee en el apartado vinculado al acceso al mercado laboral. Hay que asegurarse de que se contempla desde una perspectiva más amplia, porque la igualdad de género no se garantiza únicamente por incrementar la participación de la mujer en el mercado laboral.

El gran reto de esta iniciativa es garantizar que el Pilar Europeo de Derechos Sociales contribuye a la cohesión social y a reducir las desigualdades sociales, y para ello creemos que el principio de igualdad de oportunidades debe ser el eje central de la aplicación del Pilar. Nos preocupa que esté vinculado en su planteamiento únicamente al acceso al mercado laboral. Las barreras a la igualdad de oportunidades que afectan de manera especial a determinados grupos, como es el caso de la comunidad gitana, están en el acceso al mercado laboral, y dentro del mercado laboral (las personas gitanas están sobrerrepresentadas en el empleo de baja cualificación, peor pagado y de mayor precariedad), pero también en el acceso a la educación, a la vivienda, y a otros derechos y servicios.

Entendemos que las medidas para combatir las desigualdades y asegurar la aplicación del Pilar a toda la ciudadanía deben empezar por garantizar que el principio de no discriminación se aplica adecuadamente, y que aquellos Estados miembros que no cumplen de manera efectiva la aplicación de la legislación antidiscriminación sean sancionados. La UE sí tiene competencias en esta materia.  

La adopción del Pilar Europeo de Derechos Sociales abre una nueva etapa, con muchos riesgos, pero creemos que esperanzadora, en la que la UE pretende equilibrar el peso de los objetivos económicos y sociales, intentando cierta convergencia social. El primer paso debería ser adoptar instrumentos de legislación vinculantes en la medida en que sea posible, porque los actuales instrumentos dependen en buena parte de la voluntad de los Estados miembros. Pero será necesario también reorientar las políticas económicas y presupuestarias, reconociendo el gasto social como una inversión a largo plazo, imprescindible para la cohesión social y el crecimiento económico. Todo dependerá de la voluntad política de los Estados miembros y del papel de impulso que asuman las instituciones europeas.

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