27 de Julio de 2016
Miguel Ángel Vargas
Este artículo forma parte de "Bitácora gitana. Recorridos culturales por la diversidad" un microsite de temática cultural iniciado en 2016 por la Fundación Secretariado Gitano, coordinado por Miguel Ángel Vargas Rubio.Hace un año decidí intentar entrar en La Carraca, en San Fernando, muy valiente yo, decidido a que la fuerza de la verdad histórica me amparara en el derecho de, al menos, dedicarle unos minutos a aquellos de los míos que fueron recluidos allá en la segunda mitad del siglo XVIII.
El sargento Wan, un soldado español de origen, asumo, filipino, arrostrado en la garita, no me dejó entrar, y cuando intenté hacerle entender mis razones (“mire usted, soy historiador y gitano y en este sitio quisieron acabar con mi familia y quisiera ver qué queda de aquello”) el hombre me espetó que aquello era instalación militar, que estaba prohibido el paso al personal civil y que debía solicitar permiso a las instancias superiores. Como había contado el pequeño incidente en mis redes sociales, un amigo director de un periódico local de San Fernando, decidió entrevistarme en su medio para darle algo de publicidad a la efeméride. Fue allí[1] donde afirmé que me sorprendía que en la Isla de León no se supiera que muy cerca, estaba el que considero el Auschwitz de los gitanos españoles. Y ya no sólo saber, que es algo tangencial y no vinculante, sino reconocer, rememorar y compensar. “La mitad de la ciudad come de la Carraca. No creo que quieran mover mucho el tema”, creo recordar me dijo fuera de cámara.
La memorialización es un concepto relativamente nuevo relacionado con la creación de espacios memoriales de acontecimientos históricos trágicos. Existen redes internacionales que los promueven y, a veces, hasta los financian, al objeto de construir un mapa internacional del oprobio, de aquellos episodios que avergüenzan a la Humanidad y cuyo reconocimiento se convierte en un paso ineludible de los países democráticos, tanto de los que ya son democracias consolidadas pero con cuestiones importantes pendientes, como de aquellos países con conflictos bélicos terminados pero aún humeantes y cuyas poblaciones necesitan estos espacios para reconstruir lo roto por la sinrazón humana. Así podemos recordar, a bote pronto, los memoriales de las víctimas de los Jemeres Rojos en Camboya, los de las víctimas del Apartheid en Sudáfrica, el propio Auschwitz en Polonia y muchísimos otros más.
El 31 de octubre de 2007 se aprobaba en nuestro Congreso la conocida como Ley de Memoria Histórica que incluye el reconocimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil (1936 – 1939) y de la dictadura del general Franco (1939 – 1975). La primera en nuestro país que convertía en rango de ley la reparación del dolor de víctimas de la violencia del Estado. Ríos han corrido y corren en la defensa de su cumplimiento, la adecuación presupuestaria que la haga viable y en exigir la celeridad que las víctimas requieren. Es evidente que a una gran parte del arco parlamentario y, añadiríamos, a una parte no desdeñable de la sociedad española este tipo de cuestiones se la traen al pairo, no le interesa o cuando no te sueltan alguna burrada que avergonzaría a cualquier ciudadano alemán.
El proceso de reparación histórica a los descendientes de sefardíes, a quienes se les ha ofrecido la posibilidad de solicitar el pasaporte y por tanto la nacionalidad española, amplió el concepto de reconocimiento a otros periodos históricos y a cuestiones que tienen que ver con lo que hoy llamaríamos delitos de odio racial. Es esta línea de trabajo la que, en teoría, engloba los procesos de reconocimiento a las poblaciones descendientes de moriscos, a la población afrodescendiente y, por la parte que nos toca, a las poblaciones gitanas del Estado español, sin olvidar, por supuesto, a los pueblos indígenas de Latinoamérica, Sáhara Occidental e incluso, por qué no decirlo, del Norte de Marruecos, donde tuvimos y por desgracia tenemos responsabilidades históricas.
Un análisis morfológico somero pendiente de profundización de las iniciativas, discursos, preguntas parlamentarias, mociones, proposiciones no de ley, planes sectoriales, informes de comisiones y subcomisiones, estatutos autonómicos… es decir, toda la documentación oficial producida por el Congreso, Senado, Parlamentos autonómicos, Diputaciones y Ayuntamientos desde 1977 hasta 2016, es decir en lo que llevamos de democracia, nos daría un saldo abrumador en cuanto a las veces que los derechos del Pueblo Gitano han sido mencionados o tenidos en cuenta. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué costó y cuesta tanto trabajo pasar de las palabras a los hechos? ¿Quién no ha asumido su responsabilidad? ¿Quién no ha hecho el trabajo? ¿Qué crítica y qué autocrítica podemos hacernos todos nosotros, personas gitanas y pro gitanas, que participamos en la vida pública, ya sea desde la cultura, la política o incluso el trabajo social y educativo en el tan traído y llevado empoderamiento del Pueblo Gitano? Duele mucho el parecer que siempre se vuelve a la casilla de salida con según qué temas…
Creo que el principal problema y cuyo análisis y diagnóstico nos guiará el camino de la verdadera participación gitana en la democracia española será el de la concreción. La mayor parte de las declaraciones institucionales adolecen de una vaguedad y ambigüedad sospechosa. La Historia del Pueblo Gitano se reduce continuamente a la mención de determinados documentos repetidos pero no avanzamos en articular nuevos discursos y enfoques pues perdemos mucha energía en trifulcas absurdas.
Pasan los años y seguimos sin producir ni publicar una cantidad considerable de material científico escrito por nosotros con el que podamos salir del círculo vicioso de la repetición. Debemos afirmar, y así lo digo, sin miedo, que esta democracia será incompleta mientras no haya, no sólo una mención en el Congreso reconociendo nuestras aportaciones a la Cultura Española, sino un proceso largo, fundamentado y con recursos, que cuestione la Historia de este país en su relación con las poblaciones gitanas.
Mientras, tendremos que seguir explicándoles a los gachés, y aquí no incluyo a los buenos gachés que nos acompañan, una y otra vez[2], que en los días señalaítos de Santiago y Santa Ana, el Estado español organizó una operación de exterminio general y que las consecuencias de aquellos las llevamos como cicatrices invisibles.
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