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Organismos Internacionales emiten un comunicado conjunto llamando la atención sobre los desalojos de gitanos y nómadas en Europa y sus consecuencias [editar]

Comunicado de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Consejo de Europa, Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA), Red Europea de Instituciones Nacionales por los Derechos Humanos (ENNHRI) y Red Europea de Organismos de Igualdad (EQUINET)

04 de Julio de 2016
FSG Internacional

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Organismos Internacionales emiten un comunicado conjunto llamando la atención sobre los desalojos de gitanos y nómadas en Europa y sus consecuencias

Tradicionalmente, las vacaciones de verano coinciden con las expulsiones de romaníes y nómadas en toda Europa, que a menudo pasan desapercibidas. Por este motivo, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el Consejo de Europa (CoE), La Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA), La Red Europea de Instituciones Nacionales por los Derechos Humanos (ENNHRI) y la Red Europea de Organismos de Igualdad (EQUINET) han emitido un comunicado conjunto en el que condenan los recientes desalojos de gitanos en Europa.

En dicho comunicado las organizaciones internacionales llaman la atención sobre las consecuencias que los desalojos tienen en la vida de las personas que sufren estas situaciones. El comunicado cita que: Mientras que los desalojos son traumáticos para los adultos, pueden ser especialmente traumáticos para los niños. Pueden arruinar esfuerzos de integración en educación, aumentan los riesgos de separación familiar y pone a niños y adolescentes en situaciones vulnerables para el tráfico y otros abusos.

En cuanto a la legalidad de estos desalojos las instituciones recuerdan que si estos desalojos no están acompañados de medidas de realojamiento, constituyen una violación los derechos humanos.

Las normas jurídicas internacionales

De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "todos los desalojos deben acatar normas internacionales de derechos humanos. En particular, los desalojos forzosos deben cumplir con las condiciones establecidas por Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada".

En el caso de los Romaníes y nómadas, los desalojos deben respetar el principio de no discriminación. 
Los procedimientos de desalojo legal, que deben ser descritos en detalle en la legislación nacional, siempre deben ser implementadas en cumplimiento de las normas y principios internacionales de derechos humanos.

Las organizaciones firmantes urgen a las autoridades nacionales, regionales y en particular locales a:

  • Garantizar que las normas internacionales pertinentes sobre los desalojos se reflejan en la legislación nacional marcos, en particular en lo que se refiere a las garantías procesales adecuadas contra los desalojos ilegales;
  • Asegurar que la legislación nacional reconoce y protege el derecho a una vivienda adecuada y, en su caso, el derecho a vivir en una vivienda móvil. Esta legislación debe ser rigurosamente aplicada;
  • Garantizar que los desalojos no se llevan a cabo hasta la adecuada alternativa habitacional,
  • Diseñar y aplicar medidas legislativas o de otro tipo para prevenir y sancionar los desalojos llevados a cabo por propietarios individuales o autoridades públicas sin las garantías previstas por la ley;
  • Adoptar una legislación que proporciona la máxima seguridad de tenencia posible a los ocupantes de viviendas y tierra, de conformidad con los instrumentos pertinentes de derechos humanos y de acuerdo con el principio de un control estricto de las circunstancias en que los desalojos podrán llevarse a cabo;
  • Encontrar soluciones sostenibles a la ocupación de los sitios o viviendas gitanas y nómadas construida en incumplimiento de las normas de planificación, como guiado por la Recomendación de política general de la ECRI no. 138;
  • Garantizar que la legislación general contra la discriminación está en su lugar y que los actos de discriminación de los romaníes y nómadas en materia de vivienda y alojamiento son efectivamente sancionada;
  • Trabajar con las comunidades locales y consultarlas en la participación de representantes de la sociedad civil y otras partes interesadas, para mejorar el entendimiento mutuo y la confianza.
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