02 de Junio de 2016
FSG
La Fundación Secretariado Gitano presentó el 2 de junio dos Informes de Discriminación y Comunidad Gitana 2015 y 2016 donde se recogen 348 casos documentados de discriminación. Estos casos reflejan los problemas constantes de las personas gitanas para acceder a un trabajo, alquilar una vivienda, desarrollar prácticas en una empresa, acceder a una discoteca o el trato injusto que reciben por el hecho de ser gitanas. Destacan hechos alarmantes como los ocurridos en dos pueblos andaluces: Castellar y Estepa, en los que manifestaciones de rechazo podrían constituir delito de odio contra la comunidad gitana.
La Fundación Secretariado Gitano (FSG) presentó el 2 de junio, en la sede de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), sus Informes anuales Discriminación y Comunidad Gitana de 2015 y 2016, una iniciativa con difusión estatal e internacional.
En la inauguración del acto participaron Rosa Urbón, directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (MSSSI), Mª Dolores Ruíz. subdirectora de Programas Sociales del MSSSI e Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano.
Un año más, la FSG presentó los casos recogidos en sus sedes de discriminación contra personas gitanas, en esta ocasión conjuntamente de 2014 y 2015, con el fin de dar visibilidad a la realidad de la discriminación antigitana y de reclamar una mayor atención de las administraciones y agentes sociales sobre estas situaciones, que vulneran los derechos de ciudadanos gitanos y que impiden el pleno acceso a bienes y servicios, al empleo o a la educación en condiciones de igualdad.
El Informe 2015 recoge 194 casos de discriminación en ámbitos como empleo, vivienda, medios de comunicación o acceso a bienes y servicios, con especial referencia a los casos de ataques a familias gitanas en Castellar (Jaén) y Estepa (Sevilla). Además, incluye casos de discriminación en Europa y un apartado dedicado a los avances en la lucha contra la discriminación.
El Informe 2016 recoge 154 casos de discriminación y además dedica un monográfico al análisis del antigitanismo, concepto que trata de visibilizar el racismo y la discriminación específica hacia la comunidad gitana y su impacto sobre personas gitanas en su día a día y en el ejercicio de sus derechos.
Además de los casos, los informes incluyen información sobre avances legislativos en la lucha contra la discriminación, jurisprudencia reciente y buenas prácticas. En este sentido, el Informe 2016 dedica un espacio monográfico a analizar las causas y la naturaleza del antigitanismo, con artículos de tres investigadores gitanos: Helios F. Garcés, Valeriu Nicolae y Ramón Flores.
Durante la presentación de los Informes se han expuesto los datos desagregados de los 348 casos registrados y las conclusiones del trabajo realizado desde la FSG, así como cuestiones de gran actualidad como la coincidencia con la presentación del Informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - FRA que incluye un apartado dedicado al antigitanismo o el protocolo firmado ayer por grandes compañías de TI (Microsoft, Twitter, Facebook, Google… ) sobre delitos de odio en la red.
Además, se ha analizado el antigitanismo contando con la participación de la representante española de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia – ECRI del Consejo de Europa, María Elósegui y profundizado en la situación actual de un caso concreto de delito de odio, en alianza con diversas entidades de promoción y defensa de la comunidad gitana: el caso Castellar, proceso en el que la FSG está personada como acusación popular y que, actualmente, se encuentra recurrido ante el Tribunal Constitucional donde la FSG ha interpuesto un Recurso de Amparo. En esta Mesa participaron el vicepresidente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Antonio Vázquez, la directora del dpto. de Igualdad de la FSG, Sara Giménez y el director del Instituto de Cultura Gitana, Diego Fernández. Como conclusión general, cabe señalar la ineficacia del sistema jurídico español en la protección de las personas gitanas que sufren periódicamente este tipo de ataques (Martos, Mancha Real, Cortegana, etcétera) donde los vecinos deciden “echar a los gitanos del pueblo” e incluso quemar sus viviendas.
La Clausura corrió a cargo de Rosa Mª Candela, de la subdirección para la Igualdad de Trato y No Discriminación del MSSSI y de Carolina Fernández, subdirectora de Incidencia y Defensa de Derechos de la FSG, quien apeló al “cumplimiento efectivo de la legislación para que no se vulnere el derecho a la no discriminación de las personas gitanas”.
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