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En la línea de lo que viene ocurriendo en los últimos años, el tema de los gitanos ha tenido muy poca presencia en la agenda política autonómica y no ha sido objeto de grandes medidas e iniciativas. Aunque en la Comunidad Valenciana se ha avanzado notablemente durante las últimas décadas en la situación de los gitanos (en la calidad de la vida de los mismos), todavía quedan aspectos fundamentales que resolver y que son de crucial importancia para que la población gitana valenciana adquiera la ciudadanía de pleno derecho como el resto de la población. Los aspectos que todavía están pendientes por resolver y sobre los que se debería trabajar son entre otros: - la situación de pobreza y exclusión social en la que todavía vive una parte de gitanos valencianos.
- Los problemas de vivienda (focos de chabolismo y de infravivienda).
- Aunque la situación de escolarización y de absentismo escolar de los niños y niñas gitanas ha mejorado siguen existiendo unos niveles de fracaso escolar y abandonos muy altos. Se tiende al ?guetización? de los centros públicos y no se trabaja suficientemente desde un enfoque intercultural en los mismos.
La Discriminación sigue siendo otra asignatura pendiente a destacar por su importancia. La comunidad es probablemente el colectivo que más discriminación sufre por motivos étnicos y raciales en España. La Directiva Europea 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, y la consiguiente transposición de la misma a la normativa española, es una oportunidad única para emprender medidas encaminadas a corregir la discriminación. A partir de la situación general, antes mencionada, en la que viven una parte de los gitanos de nuestra comunidad se plantea la necesidad de poner en marcha o crear en la Comunidad Valenciana el Consejo Valenciano para la Promoción Integral y la Participación Social del pueblo Gitano, en el que se analice la situación y problemática de los gitanos valencianos y se pongan en marcha programas para paliar los mismos, a través de un Plan de Inclusión autonómico.
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