Desde que el 28 de julio el gobierno de Nicolas Sarkozy anunciara medidas legales contra la población gitana rumana y búlgara asentada en Francia, las críticas han sido constantes tanto por parte de entidades del ámbito gitano (entre ellas la FSG y ERPC), asociaciones de derechos humanos, la Iglesia católica, partidos políticos, la ONU o la Comisión Europea (a través de un comunicado de la Vicepresidenta Reding y que en breve dará a conocer su análisis y conclusiones sobre esta situación).