
La vivienda es una necesidad social de primer orden y como tal uno de los derechos fundamentales para las personas. Pero además, vivienda y hábitat juegan un papel central en los procesos de exclusión/inclusión social de los grupos y de las personas más desfavorecidas, en la medida en que una vivienda digna y un hábitat integrador son la llave para acceder a otros recursos, servicios y derechos y abren oportunidades a la convivencia y la cohesión social.
Si los gitanos españoles se han beneficiado de la universalización de las políticas de Bienestar (acceso a los sistemas de protección social, al sistema de salud, al sistema educativo), ha sido el acceso a viviendas y a entornos urbanos más normalizados que se produjo en la década de los 70 y 80, uno de los factores clave en la mejora de las condiciones de vida y en el significativo avance en la incorporación social que ha experimentado esta comunidad.
Sin embargo, la situación de aquellas familias que no se beneficiaron de estos planes o que sufrieron las consecuencias de medidas inadecuadas en este terreno, siguen padeciendo los efectos de la exclusión: la creación de barrios de tipología especial, la persistencia del chabolismo, los realojos en barrios sin los equipamientos adecuados... no han hecho sino agravar las desfavorables condiciones de partida facilitando que otras problemáticas sociales vinieran a complicar el panorama y a contribuir a la mala imagen y al rechazo social que persigue a esta comunidad y que actúa como una barrera más para su promoción.
Así mismo, la ausencia de políticas sostenidas e integrales y la adversa evolución del mercado inmobiliario hace que incluso para aquellos casos en los que se habían producido avances, el regreso sea más que probable: los gitanos aún siguen teniendo más hijos que la media de las familias españolas y si las parejas jóvenes ya no tienen posibilidades de acceder a viviendas, reaparecen fenómenos de hacinamiento, rebrote de chabolismo, ocupación de viviendas, etc. Por otra parte los barrios que no se equipan y en los que no se invierte, se produce un deterioro, no sólo en las viviendas, sino en los procesos de integración y de convivencia y en último extremo son abandonados por aquellos que tienen oportunidad, convirtiéndose en nuevos guetos y espacios de exclusión.
Esta situación trasluce que hay una elusión de responsabilidades por parte de las administraciones, que a menudo se escudan en la dispersión de las competencias sobre vivienda, dejando al albur de factores coyunturales de cada CCAA o municipio la resolución o no de las problemáticas de vivienda que están afectando a los gitanos.
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