En los últimos años, la lucha contra la discriminación racial se ha situado en la agenda política europea desde la que se han aprobado instrumentos legales como la Directiva 2000/43/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico.

En España, la ley 62/2003 de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que introdujo en nuestro ordenamiento jurídico, sin apenas debate parlamentario ni diálogo con las organizaciones sociales, el marco mínimo de protección de dicha directiva, y la creación del Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial o étnico, cuya composición y competencias debían haber sido desarrolladas por Real Decreto en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la ley.  

La lentitud en el proceso de creación del Consejo, así como la escasa aplicación práctica de los avances introducidos por la Directiva 2000/43, ponen de manifiesto que la promoción de la igualdad de trato no puede ceñirse exclusivamente a la existencia de normas anti-discriminatorias y procedimientos judiciales sino que, además, son fundamentales otra serie de instrumentos que garanticen la atención a las víctimas, la mediación, la investigación e información actualizadas, la sensibilización y la formación de agentes, el trabajo de promoción en el ámbito educativo y en los medios de comunicación, y la difusión de códigos de conducta.