25 de Septiembre de 2020
FSG
La Audiencia Provincial de Madrid deliberará el próximo martes 29 de septiembre sobre el caso de Jennifer Muñoz Vázquez, una mujer gitana condenada por cometer supuestamente un hurto de un juguete valorado en 6 euros, pese a haber propuesto dos pruebas en el juicio que habrían acreditado su inocencia.
Los hechos se remontan a diciembre del año pasado, cuando Jennifer acudió al Carrefour de Madrid-Sur, con su cuñada y su bebé y fue interceptada por el vigilante de seguridad, que aseguraba que el juguete que llevaba su bebé, valorado en 6,90 euros, era robado. La joven escuchó cómo el vigilante le decía a su compañero: “como son gitanas, cómo no van a robar”. En realidad, el juguete se lo habían regalado en la inauguración de una juguetería días antes y además ni siquiera habían pasado por la juguetería del Carrefour ese día.
A pesar de las explicaciones de la joven, el vigilante la retuvo en el cuarto de seguridad durante más de hora y media, con su bebé, pasando frío y sin poder alimentarle ni cambiarle el pañal, hasta que llego la policía. Cuando llegaron los agentes, le abrieron acta de denuncia, basándose únicamente en el testimonio del vigilante y sin tener en cuenta las explicaciones de la joven, que pedía que vieran las cámaras de seguridad, como prueba de que no había pasado por la juguetería. Salió de allí con un acta de denuncia para presentarse a un juicio rápido por un delito de hurto.
Después, la joven se dirigió a la juguetería donde le habían regalado el juguete y habló con el dependiente, que se ofreció testificar a su favor y llamó al jefe de seguridad del Carrefour para confirmarle que él le había regalado el juguete. El jefe de seguridad remitió a la mujer a la comisaría, donde se personó para denunciar los hechos y manifestar que tenía un testigo, a lo que los agentes le contestaron que eso se lo tendría que decir al juez, que sería el que valoraría.
Al día siguiente se celebró el juicio rápido por un delito leve de hurto, en el que sólo testificaron el vigilante de seguridad, que la acusó pese a tener conocimiento de que el juguete era un regalo, y la joven. A pesar de que ésta pidió al juez que llamara al dependiente de la juguetería como testigo y que visualizaran las cámaras de seguridad, que corroborarían que ella no pasó por la juguetería del Carrefour, el juez sólo tuvo en cuenta el testimonio del vigilante y condenó a la joven con una multa de 26 euros por un delito de hurto, lo que, además, le genera antecedentes penales.
La joven pudo recurrir la sentencia con la ayuda de la Fundación Secretariado Gitano, que decidió apoyar el caso por la gravedad de la vulneración de derechos ocurrida. En palabras de Lali Camacho, Técnica de Igualdad de la FSG en Madrid, “tenemos plena convicción de que la vulneración de los derechos de la Sra. Muñoz ha sido consecuencia del trato desigual y diferenciado que se le ha dado por su doble condición de mujer y de gitana. Este caso es un buen ejemplo de los muchos que hemos documentado en nuestros informes, en los que mujeres gitanas que se convierten en sospechosas de “ir a robar”, desde el mismo momento en que entran a una tienda y son sometidas a una persecución, hipervigilancia, cacheos y registros injustificados que atentan contra su dignidad y el principio a la igualdad”.
Desde la FSG se apunta a que éste es un claro caso de antigitanismo en varios niveles, cometido, precisamente, por quienes deberían haberla protegido (policía nacional, juez de instrucción y fiscal). Por ello, se consideró este caso como estratégico para el litigio, para, por un lado, trasladar los estándares europeos e internacionales de derechos humanos en materia de discriminación en la jurisprudencia española y, por el otro, sentar un precedente que otorgue justicia no sólo a Jenifer Muñoz, sino a muchas otras víctimas gitanas de discriminación.
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