Fundación Secretariado Gitano

A raíz de la Sentencia absolutoria en el caso de denegación de acceso a una discoteca de jóvenes gitanos en Puertollano (Ciudad Real)[editar]

El pasado martes 4 nos fue notificada la Sentencia en el caso de los jóvenes a los que se les impidió su entrada en un local de ocio en Puertollano (Ciudad Real) por su condición de gitanos[1]. A este respecto, desde la Fundación Secretariado Gitano (FSG) queremos manifestar lo siguiente:

1. En primer lugar, expresamos nuestro más profundo reconocimiento por la valentía de estas víctimas que decidieron no conformarse ante un incidente discriminatorio antigitano, desgraciadamente habitual y generalizado[2], y contar con nuestro apoyo para ejercer sus derechos en un procedimiento judicial que ha durado más de tres años. Tenemos el convencimiento de que su valentía y tesón en esta lucha han inspirado a muchos otros jóvenes gitanos de toda España; gracias a personas como ellos podremos reducir el enorme grado de infradenuncia que existe en los incidentes discriminatorios y los delitos de odio.

2. Aunque no se haya logrado la Sentencia condenatoria, el mero hecho de que se celebrase juicio ya es una victoria. Son muchos los casos de denegación de acceso a bienes y servicios en los que nos encontramos con autos de archivo en la fase de instrucción, sin que llegue a practicarse ninguna diligencia de investigación. En este caso, en cambio, sí que se culminó la instrucción y, ante los claros indicios delictivos, se decidió pasar a la fase de juicio oral. El hecho de que personas responsables de un local de ocio se sienten en el banquillo de los acusados por este tipo de conductas ya ha lanzado un mensaje social muy claro.

3. Desde la FSG consideramos que había pruebas suficientes para acreditar la versión de las víctimas. Ahora bien, acatamos la sentencia y entendemos que, en el ámbito Penal, que se rige en democracia por el principio de presunción de inocencia, hay que distinguir entre la verdad material y la verdad procesal: para que se produzca una condena penal, ante la menor duda, se resuelve en favor de las personas acusadas.

4. Ahora bien, casos como este demuestran la necesidad de que se apruebe en nuestro país una Ley integral de igualdad de trato y lucha contra la discriminación que incorpore un régimen sancionador administrativo ante este tipo de incidentes discriminatorios. El ámbito Penal, que no permite la inversión de la carga de la prueba, no es la jurisdicción más adecuada para sancionar hechos como este. Mientras no contemos con esta normativa, la impunidad seguirá a la orden del día.

[1] Más información sobre el caso en: https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/130484.html

[2] Como se puede constatar en los Informes anuales “Discriminación y comunidad gitana” que venimos editando en la FSG desde el año 2005.

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