31 de Mayo de 2016
FSG
El Grupo de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León acaba de presentar una Proposición con el fin de crear el Consejo Regional del Pueblo Gitano como órgano colegiado de participación social y asesoramiento en las políticas públicas para el desarrollo y la promoción integral de la comunidad gitana. En palabras de Belén Rosado, procuradora de Ciudadanos en las Cortes, “La Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020 establece la participación del colectivo gitano mediante la promoción de su presencia en la esfera de política social e instituciones públicas”. Este nuevo órgano consultivo pretende ser un espacio de reflexión y coordinación entre los distintos actores sociales, ONG y la Administración autonómica y “tiene como finalidad recoger las aspiraciones, demandas y propuestas dirigidas a la promoción integral de la ciudadanía de la población gitana y asesorar en las actuación propuestas por la Administración autonómica”.
El artículo 9.2 de la Constitución Española señala que los poderes públicos han de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivas, así como la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. “La participación de la población en la planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas resulta esencial cuando dichas políticas están dirigidas a la inclusión social de determinados colectivos sociales, además de estar amparada en las normas fundamentales”, aclaró la procuradora Belén Rosado.
Se trata de una iniciativa que ya previamente otros partidos políticos habían presentado bajo distintas fórmulas. El PSOE lo hizo en la legislatura anterior y, más recientemente, Podemos presentó este mismo año una propuesta para la creación de este Consejo Regional en el marco de una Proposición integral sobre igualdad y no discriminación por razón de raza o etnia.
Nos felicitamos por esta iniciativa y porque, además, tenga el respaldo de una buena parte de los representantes de la ciudadanía en las Cortes, y confiamos en que en esta ocasión finalmente se materialice, superando diferencias partidistas, y se ponga en marcha este órgano consultivo que “velará por la igualdad de oportunidades, de trato y de género, así como la no discriminación de la población gitana”, como señala la Proposición presentada.
Otras Comunidades Autónomas ya han liderado este proceso y trasladado al ámbito de competencias autonómico el modelo del Consejo Estatal del Pueblo Gitano como órgano consultivo: Extremadura cuenta con un Plan de Acción y un órgano de representación de la comunidad gitana, Consejo Regional para la Comunidad Gitana, al que recientemente han cambiado su nombre por Consejo Regional del Pueblo Gitano; Castilla-La Mancha o País Vasco cuentan igualmente con sendos consejos y, en el caso de Cataluña y Navarra existen órganos de seguimiento de los Planes de Acción para la Comunidad Gitana.
Esperamos que esta iniciativa se vaya extendiendo al conjunto de Comunidades Autónomas, dando respuesta a las propuestas de la Estrategia Nacional de Inclusión de la Población Gitana 2012-2020, así como al propio articulado de la Constitución Española.
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