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30 años en la Unión Europea: un espacio de oportunidades para la comunidad gitana [editar]

El 9 de mayo se conmemora el Día de Europa

09 de Mayo de 2016
FSG

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Cada 9 de mayo se celebra el Día de Europa, pero este año es especial para España, puesto que se cumplen 30 años de nuestra adhesión a la Unión Europea (UE). Desde distintas instituciones y organizaciones se hace balance de lo que ha supuesto nuestra pertenencia a la UE, los pros y contras, y el impacto que ha tenido en los distintos ámbitos. Para la comunidad gitana, Europa ha representado, y representa, una oportunidad, el espacio desde donde han surgido las principales iniciativas legislativas, el impulso político, y los recursos para promover la inclusión y la igualdad de oportunidades de las personas gitanas.

En la última década se ha observado un salto cualitativo en la presencia del tema gitano en la agenda política de la UE. El gran impulso llegó como consecuencia de las ampliaciones de la UE al Este en 2004 y en 2007, y lo que ello implicaba en términos de incorporación de población gitana como ciudadanos europeos, no solo por el importante peso demográfico, sino por las pésimas condiciones de vida. Hasta entonces, ninguna institución europea hacía referencia explícita a la población gitana en sus documentos legales ni en sus documentos políticos, pero tampoco aparecían como grupo específico en los programas de reducción de la pobreza y la exclusión social.

El proceso de ampliación al Este de la UE supuso que los Estados candidatos tuvieran que cumplir unas reglas fijadas para ser miembros de la UE (los llamados “Criterios de Copenhague”) que incluían respetar los derechos humanos y proteger los derechos de las minorías étnicas. A partir de este momento, se evalúa el nivel de protección de las minorías al igual que el resto de los criterios políticos y económicos para la adhesión a la UE, y se inicia la inclusión del tema de la protección de las minorías en informes semestrales a la Comisión Europea.

Este proceso de adhesión a la UE conlleva también numerosos recursos (proyectos PHARE) que incluyen, entre otros, el apoyo a las minorías étnicas. En una década hubo una ingente inversión de fondos PHARE dirigidos a mejorar la situación de la población gitana en países candidatos (donde se concentra la mayor parte de la población gitana europea), pero no tuvo ningún impacto. Los gitanos nunca antes habían sido población objetivo de programas y no había desde las instituciones europeas ni directrices ni orientaciones claras sobre cómo invertir y en qué invertir. Faltaba estrategia y prioridades de acción. Se invirtió mucho y mal, lo cual ha resultado ser contraproducente a la larga, puesto que refuerzó la idea de que no merece la pena invertir en población gitana.

El lado positivo de este proceso es que, por extensión, y una vez incorporado a las negociaciones con los candidatos a la UE, el tema gitano se incorporó a otros procesos de la UE y se fue asumiendo por los propios Estados miembros. Todo ello unido a los inicios de los procesos migratorios hizo que el tema gitano entrara en la agenda política europea, se comienzan a diseñar medidas y políticas, elaborar proyectos y asignar recursos para este tema.

El Parlamento Europeo fue la punta de lanza de las instituciones europeas. Entre 2005 y 2008 se ratificaron cuatro resoluciones sobre temas como la lucha contra la discriminación la integración en el mercado laboral o las múltiples discriminaciones sufridas por las mujeres gitanas. La Comisión Europea publica una serie de informes y comunicaciones donde ya habla de la clara situación de desventaja socio-económica de la población gitana y de la situación de discriminación que sufre. El Consejo Europeo en 2007 adopta unas conclusiones que hablan de “mejorar la integración de la población gitana”. Se van concretando prioridades políticas y comienzan a diseñarse enfoques de trabajo.

En este contexto de apertura de las instituciones europeas al tema gitano, se producen en 2008 las expulsiones de familias gitanas de Italia, y como respuesta, se convoca la I Cumbre Europea sobre Población Gitana en Bruselas, un evento de gran peso político con el presidente Barroso a la cabeza donde las instituciones europeas se posicionan frente a los Estados miembros a favor de una política de inclusión específica para la población gitana.

En 2010, y precisamente bajo la Presidencia española de la UE, se celebró en Córdoba la II Cumbre Europea sobre Población gitana que ya incorporaba una Hoja de Ruta para los Estados miembros, y en ese mismo año se aprueban los “Diez Principios Básicos Comunes” (explícito pero no exclusivo, normalización, no segregación, enfoque integrado, perspectiva de género, implicación de los propios gitanos, etc.), es decir, se consensuan los enfoques de cómo incorporar a la población gitana en las políticas generales.

Pero 2010 también supone un hito en la medida en que por primera vez la comunidad gitana aparece explícitamente mencionada en los reglamentos de los Fondos Estructurales, es decir, el reconocimiento de las necesidades de los gitanos deja de estar únicamente en los documentos políticos y se extiende de las políticas a los recursos europeos. En 2010 se reforma el art. 7.2. del FEDER para incorporar intervenciones en materia de vivienda para comunidades marginadas, como la comunidad gitana, lo cual abre la puerta a utilizar explícitamente recursos europeos para mejorar las condiciones de vida de las personas gitanas.

La culminación de este proceso por el que se reconoce la necesidad de abordar explícitamente la grave situación socio-económica de la población gitana es la adopción del Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población Gitana en 2011, por el que la Comisión Europea crea el marco para el desarrollo de una política europea hacia la población gitana, donde establece los cuatros pilares de actuación (educación, empleo, vivienda y salud), es decir, establece prioridades, y obliga a los Estados miembros a elaborar su propia Estrategia Nacional, fijando objetivos e indicadores hasta 2020. Eso ha supuesto que todos los Estados miembros han elaborado su propia estrategia de inclusión y que anualmente deben rendir cuentas a la Comisión sobre el cumplimiento de objetivos.

La UE, por tanto, ha aportado estrategia, orientaciones políticas, enfoques y metodologías sobre cómo abordar la inclusión de la población gitana, pero también recursos. Los Reglamentos 2014-2020 incorporan por primera vez una prioridad de inversión específica para la población gitana (9.2.), pero los gitanos también están presentes en las condiciones ex ante o se tienen en cuentan en el Código de Conducta del partenariado como interlocutores, es decir, son mucho más visibles que en periodo e programación anterior, lo que significa que hay muchas más opciones y facilidades para invertir en este ámbito con recursos europeos.  

Por último, la UE ha impulsado políticas y ha dedicado recursos a la integración de la comunidad gitana, pero también ha creado un marco legal para luchar contra la discriminación. Muy especialmente la Directiva 2000/43 nos ha dotado de los instrumentos legales necesarios para combatir la discriminación por motivos étnicos o racionales a través de la transposición de la Directiva y con la obligación de crear en el ámbito nacional un órgano de igualdad, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica.

En definitiva, las instituciones de la UE han sido, y están siendo, actores clave para impulsar la lucha contra la desigualdad y la discriminación que sufren las personas gitanas en toda Europa. Han puesto la cuestión gitana en la agenda política europea y, como consecuencia, la han promovido en las agendas nacionales. Su impulso ha sido determinante para el desarrollo de políticas nacionales específicas para la población gitana. Pero el gran reto es mantener su papel a lo largo del proceso. No es suficiente con lanzar unas Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población Gitana, la UE debe tener un papel de seguimiento y evaluación, y ser exigente con los Estados miembros en el cumplimiento de sus compromisos; la UE debe estar vigilante en la aplicación efectiva de la legislación europea en materia de discriminación y sancionar a los Estados miembros si no se cumple. Y no es suficiente mencionar a la población gitana en los Programas Operativos para cumplir con las exigencias de Bruselas, si la Comisión Europea no hace un seguimiento del alcance y la eficiencia de las intervenciones planteadas con la población gitana. Es decir, la UE debe asegurarse de que se cumplen los compromisos adquiridos por los Estados miembros para mejorar la situación de exclusión y discriminación de la población gitana y tener un papel de impulsor, coordinador y de provisión de asistencia técnica y apoyo cuando se necesite.

Pero además de garantizar que se cumplen estas medidas específicas hacia la comunidad gitana, las instituciones europeas deben asegurarse de que las políticas generales también incorporan a la población gitana. El crecimiento inclusivo que buscan los objetivos de la Estrategia Europa 2020, por ejemplo, debe incluir también a las personas gitanas. La clave está en garantizar el mantenimiento del modelo social europeo que ha permitido durante décadas un estado de bienestar relativamente próspero en toda Europa, que supuso reducir  las desigualdades, y que sin embargo hoy está en riesgo de desaparecer.

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