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Un informe del Parlamento Europeo constata el impacto negativo de la crisis sobre los derechos fundamentales en España [editar]

05 de Mayo de 2015
FSG

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Un informe del Parlamento Europeo constata el impacto negativo de la crisis sobre los derechos fundamentales en España

A petición del Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (Comité LIBE), se ha elaborado un estudio llevado a cabo en siete países de la Unión Europea para analizar el impacto de la crisis económica y financiera, así como de las medidas de austeridad impuestas como consecuencia de la crisis, sobre los derechos fundamentales de las personas. Los Estados miembros analizados son: Bélgica, Chipre, Grecia, Irlanda, Italia, España y Portugal.  Se ha elaborado un informe por país, así como una análisis comparativo de los siete.

La crisis económica ha obligado a los Estados miembros a introducir reformas estructurales, recortar el gasto público y el acceso a la protección social. El informe analiza el impacto de esas medidas sobre los derechos de educación, sanidad, empleo, pensiones, acceso a la justicia, así como libertad de expresión y reunión, y hace igualmente una serie de recomendaciones para garantizar el respeto a los derechos fundamentales incluso en tiempos de austeridad.

El informe conjunto de los siete países es contundente en cuanto a su análisis: “la protección de los derechos fundamentales se ha deteriorado severamente, lo que ha tenido efectos negativos en la justicia social", y apunta que "el riesgo de pobreza y exclusión social aumentó a causa de la crisis, afectando especialmente a los niños".

En todos los informes se subraya la importancia de ver la educación como una inversión de futuro y se insiste en que los recortes en el sistema educativo no deben afectar a su calidad. Se recomienda a los Estados apoyar especialmente a los niños y niñas más vulnerables y recuerda la obligación de ofrecer sistemas educativos inclusivos, basados en la igualdad de oportunidades.

Respecto al informe específico sobre España, las autoras (Júlia Lladós Vila, especialista en Derechos Fundamentales y doctora en Ciencias Políticas, y Teresa Freixes, Catedrática de Derecho Constitucional de la UAB) concluyen que “Se puede afirmar que las medidas de austeridad han conducido a una creciente fractura social” y a un aumento de la pobreza como consecuencia de los recortes sociales, en sanidad y en educación, y proponen medidas para combatir la desigualdad.

Respecto al derecho a la educación, las medidas adoptadas -como la reducción de los salarios de los profesores y el aumento de las horas lectivas, el aumento de la ratio entre profesores y alumnos o el recorte del presupuesto educativo- "podrían llevar a una reducción de la igualdad en el sistema educativo, así como de su calidad".

"Ésta es una preocupación importante, ya que podría afectar de forma negativa al desarrollo económico y social del país a largo plazo", concluye el informe. De acuerdo al análisis realizado, las medidas han afectado en mayor medida a los grupos más vulnerables como los niños y niñas con alguna discapacidad, gitanos e inmigrantes.  El informe recomienda a España, entre otras cosas, aumentar el sistema de becas y ayudas para estudiantes y familias.

En el ámbito del empleo, el informe hace una llamada de atención sobre el empleo de baja calidad y el riesgo de perpetuar la actual situación de escaso empleo cualificado. La principal consecuencia de esto sería la generación de más pobreza e incluso que un número creciente de personas quede bajo el umbral de la pobreza a pesar de tener empleo. Las reformas laborales, según el informe, “han tenido un impacto doloroso sobre los trabajadores y sus familias”.

En cuanto al ámbito de la sanidad, el informe advierte sobre "los graves riegos resultantes de tener grupos de población, especialmente los que tienen menos ingresos y están en riesgo de exclusión, que tengan que renunciar a algunos servicios de atención debido a la reducción de servicios financiados públicamente". El informe ve también con preocupación los desequilibrios y diferencias entre CCAA en cuanto a las prestaciones sanitarias, cuestionando la eficiencia y la igualdad de este servicio.

La recomendación general del informe para España se traduce en que "su estrategia socioeconómica integre el principio de igualdad en todas sus medidas, con el fin de acabar con la injusticia social".

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