26 de Septiembre de 2013
FSG
Madrid, 26 de septiembre de 2013.-A seis meses de las elecciones municipales y europeas, Francia acentúa su ofensiva contra la población gitana. Las últimas declaraciones del Ministro de Interior, Manuel Valls, parecen dejar claro que seguirán con ella, diga lo que diga la Comisión Europea, las entidades gitanas o las ONG internacionales. Sin pudor, en declaraciones a los medios el 24 de septiembre, Valls asoció a la minoría gitana con “la mendicidad y la delincuencia", señaló que "esas poblaciones tienen modos de vida que son extremadamente diferentes de los nuestros” y defendió una vez más que la “única solución son los desmantelamientos de campamentos y las expulsiones” de los gitanos rumanos y búlgaros.
Desde la Fundación Secretariado Gitano (FSG) exigimos al gobierno francés que ponga fin al discurso racista y xenófobo exhibido en las últimas semanas, que estigmatiza a la población gitana y condenamos enérgicamente la defensa del desalojo forzoso de asentamientos y la expulsión de ciudadanos gitanos a sus países de origen. Estas medidas, repetidas con demasiada frecuencia por el Gobierno galo en los últimos años, atentan contra la dignidad de la población gitana y contra los derechos humanos, violan la normativa europea de igualdad de trato, vivienda y libertad de movimiento y suponen un claro ejemplo de discriminación racial.
Según la Directiva europea 2004/38, el Gobierno francés no puede expulsar a ninguna persona de la UE-27 simplemente por no cumplir con los criterios de residencia. Además, la legislación comunitaria exige que haya una revisión individualizada de los casos y que todo ciudadano que reciba un aviso de expulsión sea debidamente notificado con un mínimo de un mes de aviso. Y esta actuación del gobierno francés vulnera también los derechos de niños y niñas romaníes reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales.
No reivindicamos que se mantengan espacios de pobreza, aislamiento y marginación como son estos campamentos, pero sí exigimos a Francia, y al resto de los Estados miembros, que desarrollen medidas específicas que garanticen el acceso de las personas gitanas a la educación, el empleo, la salud y la vivienda, en definitiva, que apliquen sus Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población Gitana, que suponen un compromiso con la inclusión social de la minoría étnica más importante de Europa pero que hasta ahora no han sido más que meras declaraciones de intenciones.
La Unión Europea en su conjunto debe enfrentar de una vez por todas la resolución de la “cuestión gitana” que desde luego no se consigue con medidas más propias del siglo XV, como las que está llevando a cabo el gobierno francés, sino con políticas que garanticen los derechos de ciudadanía y medidas de inclusión social de todos sus ciudadanos, algo que requiere tiempo, esfuerzo y el compromiso de todos.
Por todo ello, desde la Fundación Secretariado Gitano:
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